Ciudad de México. Los recursos destinados a atender a quienes no tienen acceso a servicios médicos en México siguen rebasados por el crecimiento de la población; al grado de que en dos años, en el tránsito del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el gasto per cápita para cubrir este objetivo se desplomó 20.3 por ciento.

“El presupuesto del Insabi no es congruente con el objetivo de cubrir a toda la población sin seguridad social”, expuso Judith Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El gasto per cápita para esta población pasó de 3 mil 656 pesos en 2019 a 2 mil 911 pesos en 2021, una contracción de 20.3 por ciento.

Si bien el presupuesto destinado al Insabi es 4.5 por ciento mayor, en términos reales, a lo ejercido por el Seguro Popular en 2019, la población objetivo en 2021 —que abarca a quienes no cuentan con otro esquema de afiliación como IMSS, ISSSTE o Pemex— es de 68 millones 100 mil personas, 26.8 por ciento mayor que hace dos años, de acuerdo con los datos presentados por el CIEP.

Méndez enfatizó que el financiamiento del nuevo instituto evidencia un presupuesto desvinculado al número de personas afiliadas y que “sigue sin considerar las variables demográficas y epidemiológicas del país”. A ello se suman las brechas entre los subsistemas, que “exacerban la desigualdad en el acceso a los servicios de salud”.

Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos el gasto per cápita para servicios de salud creció 24.7 por ciento nominales entre 2016 y 2021. A la fecha alcanza 29 mil 803 pesos, 10.2 veces que lo destinado a cubrir a un usuario del Insabi, donde se concentran parte de la población excluida del resto de sistemas de salud.

Además de la caída en el gasto por usuario, Méndez expuso que también entre 2018 y 2021 se redujeron en 26.9 por ciento los recursos destinados a atender enfermedades crónicas. “Tal caída sería equivalente a la atención de 3 mil casos de cáncer de mama, 6 mil 200 casos de cuidados intensivos neonatales y más de 15 mil casos de VIH”, detalló. En parte se debe al efecto que ha tenido la pandemia de Covid-19 en cercar un gasto de salud que de entrada se consideraba de los más bajos a nivel mundial.

El Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) —que financia la atención de padecimientos de alta especialidad de la población sin seguridad social, la inversión en infraestructura en las entidades con mayor rezago social y desde 2020 complementa los recursos para el abasto y distribución de medicamentos para las personas sin seguridad social— recibió el año pasado 47 mil 933 millones de pesos del Insabi.

Sin embargo, al primer trimestre de 2021, el Fonsabi tenía un saldo similar a los niveles de 2016 y también cayó 36.9 por ciento respecto al cierre de 2020. Se debe a que el fideicomiso dispuso 33 mil millones de pesos para el combate de la Covid-19.

Méndez explicó que en general durante los últimos diez años —una gran parte con la operación del Seguro Popular— se logró aumentar la afiliación a alguna institución de seguridad social, pero no se ha reflejado en mayores tasas de atención, ni en reducciones del gasto de bolsillo.

En ese sentido, “aumentar la afiliación y los servicios sin incrementos presupuestarios limita los resultados obtenidos. Si el Insabi busca cambiar esta tendencia observada en el Seguro Popular tendría que disminuir la brecha presupuestaria”, detalló la investigadora del CIEP.