Chihuahua. A 80 días de que concluya la administración estatal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá reponer 37 procesos contra ex funcionarios de la administración de César Duarte Jáquez (2010-2016), incluidos cuatro contra el propio ex gobernador priísta, por un cambio de criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a contradicciones entre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, abrogada en julio de 2017, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción.

Mónica Vargas Ruiz, titular de la SFP estatal, informó que por la jurisprudencia J.47/2020 de la SCJN, ante el corto tiempo que queda a la actual administración, se enfocarán en rehacer al menos los cuatro procedimientos contra el ex gobernador César Duarte.

Los procedimientos administrativos se comenzaron a integrar tomando en cuenta las jurisprudencias vigentes en ese momento, además de una tesis de jurisprudencia que se publicó el 7 de junio 2019, que daba por válida la ley estatal.

Posteriormente, en la contradicción de tesis (103/2020) se dio pauta para que, desde el 26 de octubre pasado, resulte aplicable la jurisprudencia J.47/2020 y los procesos deban sustentarse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas federal.

La titular de la SFP estatal rechazó que se trate de fallas en los procedimientos, ya que la jurisprudencia de la SCJN fue posterior a que se iniciaran los procesos, porque “no se podía adivinar que dos años después, iban a emitir una jurisprudencia contraria a la tesis aplicable hasta ese momento”.

Esto no significa que se desacredite la posible comisión de faltas administrativas por los ex funcionarios y el propio exmandatario, aclaró Vargas.

Los procesos deberán adecuarse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que, en el caso de los actos cometidos durante la administración de César Duarte, se han realizado 75 procedimientos, de los cuales 25 ya contaban con resoluciones ,y en otros 37 que están curso se estará realizando la reposición, mencionó.

Las personas involucradas continúan bajo el carácter de presuntos responsables y sus procedimientos seguirán las reglas establecidas en la Ley General, y serán los tribunales quienes otorguen sentencia a cada asunto, destacó.

Cumplirán las audiencias de pruebas y alegatos para reponer la mayor cantidad de procedimientos de acuerdo a lo que señala la Ley General de Responsabilidades, para luego turnar cada caso al Tribunal de Justicia Administrativa, que es al que corresponde imponer la sanción, pero “ya le tocará a quien encabece la SFP de la próxima administración defender estos asuntos”, agregó la funcionaria.

Ante los dos meses y medio de tiempo que restan a la actual administración, Mónica Vargas detalló que estarán enfocados en reponer al menos los cuatro procedimientos que involucran directamente a César Duarte.

Los 37 procedimientos contra ex funcionarios de la administración de Duarte equivalen a desfalcos al erario por un monto de mil 750 millones de pesos, y su continuación dependerá de la próxima administración estatal, a cargo de la hoy gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván, quien fue vinculada a proceso penal en abril pasado por el delito de cohecho pasivo, debido a que recibió sobornos de la “nómina secreta” de César Duarte cuando fue diputada local.