Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó la intervención “inmediata y urgente” de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, para hacer valer la Ley de Amnistía en México, de manera particular en el estado de México.

“Se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía al no ser un proceso asequible”, afirmó en un comunicado el colectivo.

La organización civil envió una misiva dirigida a Bachelet en la que expuso que la administración del gobernador Alfredo del Mazo ha puesto “en peligro” de convertir en letra muerta la aplicación de dicha normativa, pues ha detectado criterios judiciales para la aplicación incorrecta de la mencionada ley, además que se realiza de manera “poco garante y distante de su espíritu legislativo”.

José Antonio Lara Duque, cofundador del CDHZL, recordó que la ley fue impulsada por el hoy mandatario federal Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la presidencia con el objetivo de construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas, de manera particular las más vulnerables.

Agregó que aun cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reconocido en diversos pronunciamientos la vulnerabilidad de personas injustamente presas en la entidad y víctimas de violaciones a sus garantías, “los impartidores de justicia del Poder Judicial mexiquense las criminalizan a pesar de ser inocentes”.

El activista dijo además que jueces y magistrados del estado se niegan a robustecer el Poder Judicial acorde a los derechos humanos, tal y como lo perfila la reciente reforma al sistema de justicia que impulsa el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Hay impartidores de justicia en México que carecen de los elementos básicos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una serie de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país; en el mismo caso están: menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos más”.

Lara Duque resaltó que, Poder Judicial del estado de México, a cargo de Ricardo Sodi Cuellar, “está en franco desacato a la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, a pesar, de que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad reconociera violaciones serias al debido proceso en decenas de casos penales”.

Por ello, solicitó la urgente intervención de la ONU-DH y del área en la materia, para hacer un llamado al Estado mexicano y se hagan valer los alcances de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratado internacional del que México es parte, por lo que está obligado a cumplirlo.

“La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tiene que intervenir de manera inmediata y urgente para evitar seguir atropellando los derechos humanos de miles de personas privadas de su libertad de manera injusta, casos que ya han sido analizados y vinculados a través de la Comisión mexiquense”, concluyó.