Ciudad de México. La mayor central obrera estadunidense, la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) expresó su “profunda preocupación por la aparente negativa” del sindicato “Miguel López Trujillo” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de programar una nueva votación para legitimar el contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, México.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social suspendió el proceso de votación –que se realizó los pasados 20 y 21 de abril- al encontrar evidencias de “manipulación de boletas”, por lo que presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.
Días después, el 11 de mayo, la autoridad laboral ordenó al sindicato que realizara una nueva votación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.
Al día siguiente, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México una revisión del proceso de legitimación para determinar si se produjo una “denegación de derechos” laborales y sindicales de los trabajadores.
Ello representó la primera queja formal como parte del mecanismo respuesta rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia laboral.
La autoridad laboral también solicitó a la representación sindical que encabeza Tereso Medina publicar con 10 días hábiles de anticipación, la nueva convocatoria al alcance de los trabajadores de la armadora para que votar. No obstante el plazo establecido por la autoridad laboral venció el pasado 12 de junio.
En un posicionamiento, la AFL-CIO señaló que “si este es el caso y se permite el incumplimiento de la resolución de la STPS, un sindicato acusado públicamente de alteración del voto por la autoridad laboral puede actuar impunemente y retener el control del convenio colectivo de manera indefinida, sin consecuencias o sanción; y a pesar del hecho de que la mayoría de los trabajadores que pudieron votar lo hicieron contra contrato de la CTM “Miguel López Trujillo”.
“Esta inacción claramente exacerbaría la denegación de derechos (de los trabajadores) que ya es el tema de la queja iniciada por el USTR”, añadió.
