Este martes sesiona en Washington el Consejo Permanente Extraordinario de la OEA con un solo tema de agenda: la crisis democrática de Nicaragua. En medio de presiones y un ambiente crispado, el secretario general Luis Almagro prepara la ruta para lograr la suspensión del régimen de Daniel Ortega del organismo interamericano. Por el contrario, México insistirá en la búsqueda de consensos y una solución por la vía del diálogo. 

Más allá de la preocupación expresada ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores por la detención de cuatro precandidatos presidenciales y varios líderes de la oposición, la embajadora de México ante la OEA Luz Elena Baños define en entrevista con La Jornada la postura del país en el sistema interamericano. “Todos los actores que están en conflicto tienen que sentarse a dialogar. Pero no se van a sentar si no hay confianza en los mediadores.  

“Si el secretario general de la OEA se dirige al presidente Ortega descalificándolo –ya nada mas por el tipo de aproximación nada diplomática-- se ve muy remoto que se puedan lograr resultados. Así la OEA no puede ser el espacio multilateral que facilite los consensos y el diálogo”. 

En días previos hubo fricciones y presiones en torno al tema de la invocacion de la cláusula 21 de la Carta Democrática Interamericana contra el régimen de Managua en los cubículos de la OEA. Finalmente se convocó al consejo extraordinario para tratar el tema de Nicaragua. 

Baños asegura que el proyecto de resolución no habla de una suspensión de Nicaragua porque una medida de esta índole solo puede darse en el marco de una Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, a la que asisten los cancilleres o quienes ellos designen. (Desde marzo de 2020 la OEA no sesiona de forma presencial)   

Y aun así, sostiene que no hay elementos para tipificar lo que pasa en Nicaragua, a pesar de su gravedad, como una ruptura del orden democrático.  “No la hay, como sí ocurre, por ejemplo, en Haití”.  En esa nación caribeña, el presidente Moise Juvenel, cuyo término presidencial concluyó en febrero, se niega a entregar el mando y dice que lo hará hasta el año próximo a pesar de que ya hay un mandatario provisional designado. 

“Si tu tienes una organización con un secretario general que se ha atrevido a hacer lo que hizo en Bolivia (Almagro afirmó que Evo Morales, el presidente depuesto en noviembre de 2019, no sufrió un golpe de Estado, sino que fue él quien dio el golpe) es muy difícil generar consensos y salidas dialogadas. 

La OEA necesita un facilitador del diálogo 

“Es una situación en la que algunos países pueden no tener la confianza suficiente en la conducta de un secretario general que no cree en el diálogo ni en las negociación, sino en la imposición de cuestiones coercitivas. Así es muy difícil resolver una situación como la de Nicaragua.  Se necesita un facilitador del diálogo. De manera coercitiva tal vez se pueda lograr hacer algo, pero no será sostenible”. 

La incomodiad ante el estilo de Almagro no es exclusiva de México.

“Almagro es un funcionario de alto nivel, pero no es la organización. Son los Estados miembros quienes fijan su posición. Lo que él dice, si no lo consulta con los Estados miembros, no es una posición de la OEA.  Lo ha hecho ya en otros temas, incluso temas globales muy delicados que, para empezar, no son de la incumbencia de un organismo regional interamericano”.  

--Está el antecedente del caso venezolano.  Desde al menos 2017 y hasta la fecha el tema ha sido objeto de pugnas diplomáticas dentro de la OEA, por la insistencia de Almagro y algunos cancilleres, incluso en su momento Luis Videgaray, representante del gobierno de Enrique Peña Nieto, de suspender a Caracas. ¿Cómo pesa esta historia en la coyuntura actual? 

--Es un precedente muy negativo y peligroso porque abre la compuerta para que la OEA sobrepase sus facultades; el organismo no tiene autoridad para conocer o desconocer gobiernos. Esa es una potestad de los Estados, no de los organismos internacionales. Si un Estado quiere desconocer a un gobierno, está en su derecho y lo respetamos. A estas alturas, todavía tener sentado aquí al representante del opositor Juan Guaidó (que no es jefe de ningún Estado) es algo sumamente extraño. El tema de Venezuela ya ni siquiera se toca en la organización, porque cada vez es más difícil legitimar la presencia de este señor Gustavo Tarre. 

“Tampoco tiene facultades para dictaminar o calificar elecciones.  Esa es prerrogativa de las autoridades nacionales.  Esos dos puntos están muy claros en la posición actual de México. 

Haití y Colombia, los otros focos rojos 

--Haití y Colombia son otros dos focos de conflicto en la region sobre los cuales la OEA no ha hecho ningún pronunciamiento. 

--Sobre Haití el Consejo Permanente dio el mandato a una misión especial que viajó a Puerto Príncipe para establecer un diálogo con todos los actores y regresó a Washington apenas hace unos días. Estamos esperando conocer los resultados. 

En el caso de Colombia no ha habido ninguna resolución más que algunas expresiones muy leves del secretario general. Mas bien, en sus redes sociales ha expresado su preocupación, no tanto por las acciones represivas, sino por la naturaleza de quienes protagonizan las protestas. Y por otra parte hay una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

--La CDI, que se incorporó a los instrumentos de la OEA a instancias del gobierno de Bush en 2001, con el impulso de Vicente Fox, cumple ya 20 años. ¿Hay debate sobre su vigencia? 

--La carta fundacional de la OEA de 1948 es un instrumento orientado a la búsqueda del diálogo, el consenso y las soluciones pacíficas. La OEA hoy en día está mas inclinada hacia un multilateralismo mas intrusivo.  Es cierto que el documento del 48 ya no es suficiente; por eso se recurre cada vez mas a la CDI.  Pero la carta no es un tratado internacional ni un convenio,  es un instrumento mas entre los documentos que tenemos en el sistema interamericano.  

“La cláusula 21 de la CDI da posibilidades de poder suspender a un Estado miembro, pero necesita convocar una asamblea general, ordinaria o extraordinaria. Se necesitan dos tercios de la votación, o sea, 24 votos.  En estos momentos tal vez tenga dificultad para lograrlo. 

“A sus 20 años también hay una intención de reformar la Carta Democrática y hacerla vinculante.  Ahora es solamente un marco de referencia, no es un tratado ni una resolución.  

“La CDI también regula el envío de misiones de observación electoral pero estas tienen una interpreación muy amplia.  Y se han dado casos, como el de Bolivia, el caso mas preocupante, donde este instrumento técnico de observación se usó mucho mas allá de sus facultades”.