Madrid. Un hombre de 58 años, desempleado desde hace al menos un año y medio y que vivía en un departamento rentado en el centro de Barcelona, se suicidó después de que dos funcionarios de la judicatura tocaron a su puerta para comunicarle que sería desalojado. Según la organización social Plataforma de Afectados por la Hipóteca (PAH) en España se registran unos 34 suicidios semanales por la expulsión de las personas de sus viviendas, ya sea por impago del crédito hipotecario o por el de la renta mensual.

El último drama provocado por los desahucios es el de un barcelonés, que vivía en el céntrico barrio de Sants, en el número 15 de la calle Bacardí. Por la mañana tocó a su puerta una comisión con la orden judicial de ejecutar el desalojo, agotados todos los recursos. Según relataron las autoridades barcelonesas, el hombre abrió la puerta de su casa, tras ser notificado pidió un momento, entró de nuevo a casa, abrió las ventanas del patio interior y se arrojó al vacío. Murió en el acto.

El hombre tenía más de 18 meses sin trabajo, había agotado todas las prestaciones sociales a las que tenía derecho y dejó de pagar la renta hace más de un año. El dueño de la casa, un propietario particular y en ningún caso un “gran tenedor” o “fondo buitre”, decidió darle un margen de hasta seis meses antes de denunciarlo, pero pasado ese plazo inició una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en sus orígenes políticos fue la vocera de la PAH y una activista importante del movimiento antidesahucios, no ha logrado revertir ni paralizar los lanzamientos por impago de alquiler o de hipoteca, que es uno de los grandes dramas sociales heredados de la crisis económica de los años 2011-2018. En las estadísticas oficiales la región con más desahucios es precisamente Cataluña, que sufre desde hace un lustro un deterioro económico y social preocupante.

Para Coalu, el suicidio del vecino de Sants “es una noticia terrible que no debería haberse producido pues los servicios sociales habían acreditado en abril su situación de vulnerabilidad”, y señaló a los jueces por “no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo”.

Se refería a la moratoria anti desahucios que se aprobó en el gobierno central, del socialista Pedro Sánchez, a raíz de la pandemia. Aunque los desahucios ah continuado, en el primer trimestre del año se incrementaron en 13.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, y se llegó a 10 mil 961 lanzamientos.