Ciudad de México. La muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos -hace 15 años- y la de los siete trabajadores de Múzquiz, en Coahuila, tras un derrumbe ocurrido el 4 de junio pasado, así como la de “decenas de personas más que desde 2006 han perdido la vida” a consecuencia de inhumanas condiciones de trabajo, no son hechos fortuitos ni inevitables, “sino resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos”, señalaron la organización “Familia Pasta de Conchos” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Indicaron que a lo largo de los años han documentado y denunciado que el modelo minero de “pocitos de carbón” y minitas de arrastre “se basa en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores y hemos ofrecido nuestra colaboración total para corregir estas graves deficiencias”.

Recordaron que incluso en el litigio que llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Pasta de Conchos, “hemos hecho hincapié en la urgencia y prioridad de que se implementen medidas de no repetición y rescate, lo que lamentablemente han quedado fuera de los compromisos de la actual administración”.

Las familias peticionarias, añadieron, “siguen viviendo y, en algunos casos, trabajando en el carbón, y les resulta prioritario garantizar que su comunidad no vuelva a sufrir más perdidas de este tipo”.

Las organizaciones lamentaron que pese a lo anterior, “al día de hoy estas ilegales condiciones de trabajo siguen siendo generalizadas en la mayoría de las empresas asentadas en la zona e incluyen la omisión casi total de medidas y equipo de seguridad, así como la falta de registro de todos los trabajadores ante el IMSS, con lo cual en casos de accidentes, enfermedad o muerte, ellos y sus familias quedan en la desprotección”.

En un comunicado, resaltaron que los empresarios del carbón han logrado mantener su operación, “burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, hasta el grado de que, todo el carbón mineral obtenido de esta manera es comprado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Por ello insistieron en la urgencia de medidas que eviten más muertes y accidentes, tales como la prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón; el compromiso público de la CFE de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados; la cancelación de títulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas, y la elaboración de un “Protocolo Nacional de Salvamento Minero” que establezca líneas de mando en los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito minero.

De igual manera, que se realice una investigación diligente y exhaustiva “que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados”.

También, exigieron que las familias de los trabajadores fallecidos en este siniestro “reciban atención victimal con los más altos estándares, y que los trabajadores de este complejo minero sean liquidados con el salario real que percibían”.