Chihuahua, Chih. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de medidas de protección a favor de la comunidad rarámuri de Choréachi (Pino Gordo), en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, por segunda vez, ante el incumpliento de medidas de protección que fueron solicitadas al Estado mexicano desde marzo del año 2017.

Este 10 de junio, la CIDH emitió una segunda resolución para proteger y garantizar el respeto a la vida y a la integridad personal de los indígenas de Choréachi, población de mil habitantes ubicada en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.

En consecuencia, dos gobernadores y dos comisarios de la comunidad rarámuri, además de representantes de Alianza Sierra Madre A.C. y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., quienes asesoran a los indígenas, atenderán este viernes una audiencia ante la Corte Interamericana, respecto las medidas de protección incumplidas. 

La resolución establece que Choréachi es una comunidad sin reconocimiento legal del Estado mexicano sobre la posesión ancestral de su territorio, desde agosto de 1969, que el gobierno entregó 15 mil 200 hectáreas a mestizos vecinos de Choréachi para el aprovechamiento del bosque, quienes nunca han habitado el territorio.

Existe un litigio ante tribunales agrarios, que mientras se resuelve impide talar el bosque o iniciar actividades de minería, pero un grupo de mestizos vinculado al crimen organizado busca mantener el control de la zona, sigue ilegalmente talando árboles, y desde finales del 2013 ha generado una violencia sistemática en contra de la comunidad.

Esta situación fue puesta del conocimiento de las autoridades mexicanas desde diciembre de 2013, cuando se interpusieron denuncias y se acudió con autoridades solicitando la presencia de fuerzas del Estado en la comunidad, sin embargo no hubo ninguna respuesta mientras se seguía perpetrando la violencia.

El activista rarámuri y líder de Choréachi, Juan Ontiveros Ramos, fue privado de la libertad y asesinado en el municipio de Guadalupe y Calvo el 31 de enero de 2017, cuando regresaba de una reunión con representantes de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Previo al homicidio, Ontiveros Ramos comunicó a las autoridades sobre amenazas por su labor en defensa del bosque y contra la tala clandestina, pero no recibió protección.

Dos semanas antes, otro líder de la comunidad y ganador del Premio Goldman de Medio Ambiente, Isidro Baldenegro López, fue asesinado por su defensa del bosque.