Guadalajara. Tres días después de cumplirse un año de que decenas de policías de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública secuestraron, torturaron y desaparecieron al menos a 80 manifestantes, el único de los integrantes de esas fuerzas de seguridad procesados que permanecía en prisión, el ex comandante Salvador Perea Rodríguez, obtuvo la suspensión condicional del proceso y fue puesto en libertad por el juez Raúl Valdés Arredondo.

Perea Rodríguez, quien fue señalado por varias de las víctimas de ser uno de los principales orquestadores de la represión del 5 de junio de 2020 contra los manifestantes, la cual fue calificada como desaparición forzada y tortura -delitos de lesa humanidad- tanto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos como por la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos, salió libre virtud a que la acusación que pesaba en su contra era sólo por “abuso de autoridad”.

El ex comandante fue detenido junto con otro mando de la Fiscalía, Raúl Gómez Mireles, luego que el gobernador Enrique Alfaro dijo que la dependencia estaba infiltrada por el crimen organizado y que habían desobedecido las instrucciones de no agredir a los manifestantes que pedían justicia tras la muerte a golpes del albañil Giovanni López luego de ser detenido por policías de Ixtlahuacán por no portar cubrebocas.

El juez coincidió con la defensa de Perea respecto que se podía otorgar la suspensión condicional del proceso pues, entre otras cosas, “de las seis víctimas reconocidas en la carpeta de investigación que integró la Fiscalía Especial Anticorrupción, solo una persona le dio seguimiento a su asunto y dijo no oponerse a que se otorgara este beneficios que considera la ley”.

Según un comunicado de la Fiscalía, las otras cinco víctimas “no mostraron interés en el tema” a pesar de haber sido citadas en varias ocasiones y “hasta que pidieron ya no ser molestadas”.

Entre las condicionantes que tendrá que cumplir durante seis meses, tendrá que pagar 35 mil pesos, 10 mil de ellos a la víctima que llevó el proceso hasta el final y cinco mil por cada una de las otras cinco y que al desatenderse del proceso permitirán que esos 25 mil pesos se entregan como donativo al Organismo de Nutrición Infantil.

El gobernador Alfaro había señalado que en este caso no existía impunidad, mientras las víctimas aglutinadas en el colectivo 5 de Junio mostraron su indignación porque no sólo no fueron detenidos todos los causantes tanto materiales como intelectuales, sino que se les acusó de un delito menor para que pudieran tener derecho a llevar su proceso en libertad.