Ciudad de México. En víspera de la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar el fenómeno migratorio, organizaciones civiles dedicadas al tema presentaron una serie de propuestas para construir políticas migratorias regionales centradas en la protección de las personas y no en la militarización de las fronteras.
Este lunes, las agrupaciones que trabajan con población migrante y solicitante de asilo en México entregaron en la embajada de Estados Unidos en el país una carta dirigida a Harris, en la que platearon poner fin a las expulsiones de migrantes con el argumento de salud bajo título 42 –política instaurada bajo la administración de Donald Trump pero que mantiene la de Joe Biden—; agilizar el cierre del programa Quédate en México, para el ingreso a Estados Unidos de todos los solicitantes de asilo que estuvieron sujetos a ese protocolo.
Fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y todo el sistema de protección e integración en México, como el sistema de bienestar de la niñez para garantizar la no detención de niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias; el apoyo a la integración segura de los migrantes retornados; reformas a los programas de trabajo temporal que eliminen prácticas de mano de obra barata y condiciones precarias laborales y garantizar el acceso a la justicia para la población migrante víctima de delitos.
En marzo pasado, el presidente Biden nombró a Harriscomo encargada de liderar los esfuerzos de su administración para abordar en conjunto con México y Centroamérica las causas de la migración regional, entre ellas la pobreza, la inseguridad y la corrupción.
Esta noche arribará a nuestro país y mañana se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional como parte de su gira de trabajo en la región para tratar temas relativos a la migración, el desarrollo, la cooperación frente a la pandemia y la seguridad.
En la misiva, organismos como Sin Fronteras, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, el Centro de Deerechos Humanos Fray Matías de Córdova, entre otros, sostuvieron que los Estados tienen la oportunidad de construir políticas migratorias centradas en la protección de los migrantes que les permitan decidir en libertad migrar o no.
Y en caso de que opten por salir de su país, “garantizarles un tránsito libre de violencia, oportunidades laborales justas y regularización migratoria. Debemos transitar de la contención migratoria a la protección. Para la población solicitante de asilo, quienes no tienen otra opción, se deben garantizar procesos justos y sistemas de asilo fortalecidos que les permitan esperar el proceso en libertad y en el lugar donde se sientan seguras”.
Subrayaron que Centroamérica, México y Estados Unidos tienen décadas en un proceso de integración, no sólo a través de acuerdos de cooperación comerciales, sino de la interacción de millones de familias transnacionales que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural.
En Centroamérica las remesas representan entre 15 y 23 por ciento de su Producto Interno Bruto; además que en Estados Unidos viven más de 11 millones de mexicanos, más de 20 por ciento de la población de El Salvador, aproximadamente 5 por ciento de personas de Guatemala y 7 por ciento de Honduras. Asimismo, existen más de un millón de estadunidenses viviendo en México.
“Como organizaciones hemos insistido en la necesidad de reconocer que la falta de regularización migratoria en Estados Unidos, la falta de protecciones para personas con visas de trabajo y protección en México, además que las deportaciones desde ambos países exponen a las familias a grupos criminales de traficantes que trabajan en colusión con las autoridades, generando millones de dólares al año y exponiendo a las personas a extorsiones, secuestros y otros delitos violentos. De centrar las acciones en la protección de las personas y el desarrollo sustentable, los resultados positivos para los Estados y la población serán mayores”, subrayaron.
Insistieron que ésta es una oportunidad para las naciones de la región de gestionar la migración diferente, con respuestas humanitarias, reconociendo los derechos de miles de personas, incluidos menores de edad, que buscan protección internacional, oportunidades laborales para sobrevivir o reunificación familiar.
