Ciudad de México. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados concluyó que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT) sí ha acumulado ingresos excedentes injustificados -aun cuando el ex delegado en Coyoacán trató de justificar que obtuvo cuantiosos fondos como “consultor privado”-, que derivan en presunto enriquecimiento ilícito y por lo tanto se propone su desafuero.

El proyecto ya fue circulado por el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena) a los otros tres integrantes de esa instancia legislativa, si bien no hay fecha para que el documento se vote.

Cuando se apruebe, el dictamen se enviará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que se solicite un periodo extraordinario, donde se decida su desafuero, y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda proceder en su contra.

Como parte del documento, se confirma que se acredita enriquecimiento no justificado de Toledo Gutiérrez en su paso por la administración pública en la Ciudad de México, así como en el poder Legislativo.

“Mauricio Toledo Gutiérrez ha desempeñado continuamente empleos, cargos o comisiones de carácter público, al menos desde el año 2009 y hasta la fecha; lo que tiene relevancia toda vez que la Fiscalía le atribuye conductas ilícitas a partir de 2010 y hasta las fechas en que se documentan los probables excesos patrimoniales no justificados”, resalta.

La Sección Instructora plantea que, de la revisión del cúmulo de documentos aportados, así como las declaraciones patrimoniales del diputado, “se da por acreditado su incremento patrimonial y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a lo que ha sido su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como ‘consultor privado’”.

Aun cuando la defensa de Toledo, que busca la reelección por un distrito electoral por Puebla postulado por el PT, presentó pruebas de sus ingresos como servidor público, se detectó que la suma de las retribuciones oficiales “no dan cobertura a las cantidades detectadas por la propia Fiscalía”.

Se añade que si bien Toledo ha recibido ingresos relevantes como diputado federal, incluyendo “un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en 2010”, el legislador compró dos inmuebles y un vehículo de lujo entre ese año y 2011, “bienes cuyo valor en aquél entonces arrojan una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos”.

Además, de uno de los inmuebles adquiridos, en Tlalpan, entre los cálculos de la fiscalía y la defensa existe una discrepancia relevante, que resulta de los peritajes contables que cada parte ofreció, por más de $10.5 millones de pesos.

“Ello, toda vez que el avalúo ofrecido por la Fiscalía contempla que, al año en que fue adquirida, la finca costaba más de 16 millones de pesos, contra los 5.5 millones que fueron pagados, conforme lo destaca la defensa”, resalta.

La Sección Instructora refiere que, como parte del expediente, la fiscalía sostiene que Toledo consignó ingresos por 9.4 millones de pesos, pero en realidad recibió 20.8 millones de pesos, esto es una discrepancia de 11.4 millones.

Con las pruebas revisadas, esa instancia de la cámara corroboró que, entre lo reportado “por el inculpado” y su fuente acreditada de ingresos queda acreditado con recibos, cheques, constancias e informes de la autoridad, que existe efectivamente una discrepancia, particularmente en 2017, que asciende a un millón 513 mil 928 pesos.

Si bien Toledo declaró esos recursos, su origen “no pudo ser corroborado en los medios de convicción recabados”.

Además, en ese mismo año, obtuvo más de 2.5 millones de pesos, pero no hay respaldo documental que justifique que recibió ese dinero como forma de un pago.

Para tratar de justificar el incremento de su patrimonio, la defensa de Toledo entregó copias de contratos y recibo de honorarios de una empresa que, sin embargo, fue reportada por la Unidad de Inteligencia Financiera sin ingresos en 2016, mientras que en 2017 consignó “un ingreso muy menor, de lo que se infiere que no tendría los recursos suficientes para realizar un pago por una cantidad superior a 3.4 millones de pesos que recibió el servidor público en ese año, si bien los pagos continuaron hasta 2019, cuando menos”.

Para la Sección Instructora “llama la atención” que en 2019 “el inculpado compró dos departamentos en distintos conjuntos habitacionales, el mismo día y a la misma persona, quien, además, figura como uno de los personajes cercanos a él durante el periodo investigado, tanto en el servicio público como en transacciones privadas” y que podría ser su prestanombres.