Bogotá. El senador del opositor Polo Democrático, Iván Cepeda, interpuso ayer un recurso ante el Consejo de Estado contra el presidente Iván Duque por ordenar vía decreto la militarización en ocho departamentos y 13 ciudades de Colombia en el contexto del paro nacional y las multitudinarias protestas que vienen afectando al país desde el pasado 28 de abril.

En tanto, Duque admitió ciertos casos de abuso de autoridad de la policía en las protestas, pero sostuvo que no es un comportamiento de carácter sistemático, y reiteró su exigencia de que sean levantados los bloqueos, que el Comité Nacional del Paro describe como puntos de resistencia.

¿En 30 millones de procedimientos policiales existe la posibilidad y se han presentado casos de abuso de autoridad? Claro que sí, pero se investigan, se sancionan y no muestra una tendencia de carácter sistemático, justificó.

A su vez, el hijo del dirigente comunista y congresista de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado por paramilitares en 1994, Iván Cepeda explicó que la decisión presidencial en la práctica genera un estado de conmoción interior, en el que se suspenden de manera permanente normas constitucionales, sustituye la potestad sancionadora del Estado y le atribuye a la fuerza pública funciones que exceden su competencia.

El 28 de mayo, al cumplirse un mes de las multitudinarias protestas, Duque expidió a través del Ministerio del Interior un decreto por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público.

Ese día hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como actos de vandalismo y saqueos, principalmente en el sureño departamento del Valle del Cauca, que provocaron 13 muertos.

Con la medida se imparten instrucciones para la conservación y el restablecimiento del orden público. Así, el gobierno central ordenó a las autoridades locales la presencia del ejército en las calles, con el apoyo de la policía, para las labores de seguridad durante las protestas.

Eso significa que en Colombia surge la posibilidad de que las autoridades militares y la policía administren con las autoridades civiles cuestiones de orden público, escenario proclive a que ocurran graves violaciones a los derechos humanos, señaló Cepeda, también defensor de los derechos humanos y quien actuó como facilitador en el proceso de negociaciones que culminó con los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de 29016.

Recordó que con esta acción, la cual pide sea suspendida de manera inmediata, Duque impidió que el Congreso y el Tribunal Constitucional ejercieran sus funciones de control y resaltó que el dereto fue promulgado sin la firma de todos sus ministros.

Desde el 28 abril, al comenzar el paro nacional, decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis derivada de la eliminación de impuestos a las élites, y que se agudizó por la pandemia del Covid-19.

El mandatario retiró el proyecto del Congreso, pero la represión en las protestas incrementó el descontento, lo que llevó al gobierno a descartar, más adelante, una propuesta de reforma al sector salud, sin lograr con ello frenar las movilizaciones masivas.

La ONG Temblores reportó que desde que comenzó el paro hasta el 31 de mayo tiene registro de 3 mil 789 casos de violencia perpetrados por la fuerza pública, que se dividen en mil 248 víctimas de violencia física, 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, mil 649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones de fuerzas del orden en las protestas, 65 víctimas de daño ocular y 22 por violencia sexual.

En este contexto, delegados del gobierno se reunieron nuevamente en Bogotá con representantes del comité del paro en busca de un consenso sobre garantías a la protesta social, lo cual daría paso a la instalación de una mesa de negociaciones para destrabar la crisis nacional.

El Ejecutivo condicionó el inicio de negociaciones al levantamiento de todos los bloqueos, a lo que el comité parista replicó que se trata de una medida legal en medio de la protesta, y demanda el repliegue de militares y policías de varios municipios como muestra de garantías para la protesta social.