Ciudad de México. No existe voluntad política para resolver los casos de violencia sexual en las escuelas, lamentó Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, quien planteó que se prioriza el cuidado de la imagen de las autoridades educativas y existe “protección” por parte de los sindicatos y “posible corrupción en varios casos”.

En el webinario ¿Cómo opera la violencia sexual organizada en las escuelas? en el que se abordó el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la infancia, la (ODI), Pérez García sostuvo que en general en los casos de abuso sexual infantil prevalece la “impunidad”, pues en aproximadamente “97 por ciento” de los casos no se hace justicia.

De cada 100 casos, solo 10 van a juicio, y de estos solo uno llega a condena, planteó Cristopher Ordóñez, de Ollin TV, canal por internet creado por la agrupación.

La psicóloga Brenda Caballero, integrante de la ODI, coincidió con ello. “Al inicio de la pandemia en 2020 se incrementaron en 98 por ciento las denuncias de casos de abuso sexual infantil, eso es alarmente porque se fue casi al doble”.

La ODI presentó el referido estudio con la finalidad de “hacer visibles los casos de abuso sexual colectivo y organizado en 18 escuelas públicas y privadas en siete estados del país en donde se detectaron patrones similares como la sedación de niñas y niños de entre tres y siete años de edad para ser retirados de las escuelas y participar en actos sexuales siendo amarrados, agredidos y en ocasiones videograbados”.

Mariana Gil, Abogada en la ODI, refirió que desde 2008 que comenzaron las investigaciones no hubo respuesta por parte de la Fiscalía, probablemente debido al prestigio de académicos e instituciones académicas involucradas.

Pérez García, quien es también co-denunciante de dichos casos de explotación sexual en escuelas, indicó que ha sido difícil porque “los ministerios públicos y jueces tiran los casos por las testimoniales de los infantes”, por lo que se ha insistido en que en estos casos se realice la “prueba anticipada para cuidar la testimonial y evitar la revictimización”.

Esta es una modalidad realizada por peritos especializados que videograban la declaración, y así será la misma en todo el proceso”.

Tras la publicación del estudio, lo que esperan es que “se trabaje en investigaciones serias y diligentes, que se garantice a las víctimas la investigación, con métodos especializados de escucha de testimonios de niñas y niños, eliminación de espacios ocultos en planteles educativos, modificaciones a los procesos administrativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando se tenga sospecha de un caso de abuso sexual infantil”.

Caballero, refirió a la importancia del trabajo de acompañamiento, como proceso previo y durante una denuncia, y no sólo como acción aislada, contemplando los mecanismos de prueba anticipada, que contemplan dar información a la niñez sobre qué hace un juez, como será el proceso de denuncia, como una herramienta de intervención especializada en la toma de testimonios de niñas y niños víctimas del delito de violencia sexual.

Esto los empodera, “cuando una persona menor de edad llega a un juzgado sin preparación se siente intimidado. Sin métodos de intervención especializada, las víctimas de entre 3 y 7 años no declaran lo que un ministerio público esperaría como fechas y ubicaciones específicas”.

Santiago, joven activista por los derechos de la infancia en Argentina, señaló que “los procesos judiciales le pueden llegar a causar tanto dolor a una víctima que pueden desistir de la denuncia”.

Las especialistas de la ODI coincidieron en la importancia del fortalecimiento de la comunicación en las relaciones padres, madres, tutores e hijos con mensajes claves fundamentales como: “si te pasa algo que no te guste y me cuentas, te voy a creer. Si te pasa algo que te lastime, yo te voy a proteger. Las cosas hacen las personas adultas que lastiman a las niñas y niños, nunca son culpa de los niños”.

Sobre los patrones detectados en escuelas involucradas en el delito de violencia sexual infantil se destacan los siguientes: niñas y niños presencian sexo entre personas adultas, son obligados a realizarse tocamientos entre sí, participan en prácticas ritualistas y grotescas, narran el uso de disfraces.

Pérez García, hizo un llamado a conocer el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, para que en caso de que haya registros similares en otros países reunir mayores de elementos de exigencia a los Estados.