Ciudad de México. En dos años el gasto enfocado a actividades militares pasó de 118 mil millones de pesos a 140 mil millones, lo que representa un aumento de casi el 20 por ciento, el nivel más alto registrado, de acuerdo con la octava edición del informe anual del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Refiere que en medio de las medidas de austeridad implementadas, en tres de los últimos cuatro años el gobierno ha recortado el financiamiento de la seguridad pública y del sistema de justicia, mientras el gasto militar ha disminuido sólo una vez.
Aunque el impacto económico de estas tres acciones de contención de la violencia aumentó en un 2.3 por ciento en 2020, el incremento provino del gasto de las fuerzas armadas en lugar de la seguridad pública o el sistema judicial. Y añadió: “El gasto del gobierno en servicios de protección ciudadana ha caído un 31.4 por ciento desde 2015”.
De acuerdo con el Índice, el gasto en seguridad pública a través de la policía, los servicios de protección, los costos de custodia y encarcelamiento, la vigilancia y seguridad de las personas y los respectivos costos de administración alcanzaron su punto máximo en 2012, pero desde entonces ha disminuido un 32 por ciento.
Indicó que el egreso de presupuesto en justicia en 2020 fue de 109 mil millones de pesos, 1.5 por ciento menos que el año anterior, “si bien el gasto en orden público y seguridad ha disminuido en los últimos años, el desembolso en las fuerzas armadas ha superado a otras formas de gasto público”.
Los mayores niveles de egresos coinciden con el mayor uso del Ejército para combatir los crímenes de la delincuencia organizada. A pesar de esto, el gasto de México en las fuerzas armadas equivale al 0.5 por ciento de su PIB, muy por debajo del promedio mundial.
De manera similar, el gasto público mexicano en justicia y seguridad pública “está muy por debajo de los niveles regional e internacional. México gastó el 0.73 por ciento de su PIB en el sistema judicial y la seguridad pública en 2020”, menos de la mitad del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El IPM señaló que México ha tenido dificultades para desarrollar la capacidad suficiente en su sistema judicial, en consecuencia, éste muestra la necesidad de incrementar el número de jueces y al aumentarlos la capacidad del sistema legal del país puede mejorar y llevar a reducciones en el hacinamiento en las cárceles y los encarcelados sin sentencia.
El país “tiene en promedio 2.2 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, eso equivale a la mitad del número promedio de jueces en comparación con el resto de los países de América y ocho veces menos que el promedio mundial”, agregó.
