Bogotá. Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales retornaron ayer a las calles de Colombia por quinta semana consecutiva con el fin de presionar al gobierno del presidente Iván Duque a negociar cambios en sus políticas económicas y sociales, mientras continúan estancados lo contactos entre autoridades y líderes de las protestas para destrabar esta crisis nacional.

El gobierno exige el levantamiento total de los bloqueos para avanzar en los diálogos con el Comité del Paro Nacional (CPN), al denunciar el desabasto de alimentos, medicinas y combustibles en diversas regiones. El comité –que reúne a sindicalistas, indígenas, estudiantes y profesores– señala que no son bloqueos, sino puntos de resistencia y que se han levantado decenas de retenes como muestra de buena voluntad para la instalación de una mesa de negociaciones.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Juan Alberto Libreros, informó que se reportaron 52 bloqueos en esta jornada, lo que afectó a ocho de los 32 departamentos del país.

Es nuestra manera de presionar pacíficamente en medio del derecho legítimo a la protesta para que haya cambios en materia política y social, expresó la profesora Andrea Sandino mientras se dirigía hacia la emblemática Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se reunieron unas 4 mil personas.

En Medellín, Cali, Barranquilla y Neiva, miles protestaron de manera pacífica para exigir cese de la represión contra los manifestantes.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores e integrante del CPN, denunció que el gobierno dilata la firma de un preacuerdo que establezca garantías para la protesta social, entre ellas el cierre de vialidades.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Ardila, a cargo del equipo de negociadores del presidente Duque, insistió en que los bloqueos deben desaparecer porque no son una manera legítima de protestar.

La Cruz Roja mantiene el acompañamiento a las caravanas humanitarias en varias carreteras bloqueadas.

De no haber acuerdos, Fabio Arias, vocero del CPN, informó que el día 9 se llevará a cabo la toma a Bogotá, acción que busca dar continuidad y fortaleza a las movilizaciones en el capital con el apoyo de manifestantes que lleguen desde otros puntos del país para impulsar las negociaciones.

Los representantes de ambos sectores se reunirán este jueves otra vez, como lo hacen desde el 7 de mayo, con la intención de alcanzar algún acuerdo. Aunque no aglutina a todos los sectores que rechazan las políticas de Duque, un eventual acuerdo con el comité del paro es visto como un paso importante para la desactivación de la crisis nacional.

Desde el 28 abril, decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis que agudizó la pandemia por el Covid-19, y aunque el mandatario retiró el proyecto del Congreso, la represión en las protestas avivó el malestar, lo que llevó al gobierno a descartar, más adelante, una propuesta de reforma al sector salud.

Junto a las protestas se han registrado saqueos, vandalismo y enfrentamientos entre encapuchados y policías.

La ONG Temblores reportó ayer que desde que comenzó el paro tiene registro de mil 248 víctimas de violencia física, 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, mil 649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones de fuerzas del orden en las protestas, 65 víctimas de daño ocular y 22 víctimas de violencia sexual.

Por la noche se informó que la movilización en Bogotá terminó en enfrentamientos con la policía.

En otro orden, Colombia reabrió su frontera con Venezuela tras un cierre de más de 14 meses, como parte de sus esfuerzos para contener los contagios de Covid-19. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó la decisión unilateral.