Bogotá. La respuesta del gobierno de Colombia a las movilizaciones en el contexto del paro nacional ha sido militarizar la protesta social y darle un tratamiento de guerra; el viernes en Cali se vivió uno de los días más críticos en cuanto a violencia de la fuerza pública, señaló ayer el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz.
El presidente Iván Duque ordenó el viernes el máximo despliegue de asistencia militar a la policía
para la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, al cumplirse un mes del paro nacional contra el gobierno.
Temblores, que lleva un registro de las denuncias de violencia policial, documentó entre 13 y 14 homicidios el fin de semana sólo en Cali, y en total 45 en esa zona desde que empezaron las marchas.
Temblores y otras organizaciones sociales han pedido al gobierno que permita el ingreso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como que suspenda las amas de fuego en las protestas y restrinja el uso de armas de aparente letalidad reducida
con las que, por mal uso o intención, se ha asesinado o mutilado a manifestantes.
Temblores publicó el viernes que en el primer mes del paro nacional se registraron 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, y otros 28 que están "en proceso de verificación...". Además, de al menos 47 manifestantes con lesiones oculares y 22 víctimas de violencia sexual y mil 445 detenciones arbitrarias.
Por otra parte el gobierno advirtió que a las afectaciones generadas por los bloqueos en algunas zonas del país, como el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), se sumaría ahora el desabasto de energía por las dificultades para transportar combustible, mientras se informó que la CIDH viajará a Colombia entre el 8 y el 10 de junio para verificar las denuncias durante el paro nacional y la represión de las protestas.
Además, ayer se reportó el asesinato de nueves personas en el departamento de Huila, en la finca Palmira, vereda Quebradón Sur del municipio de Algericas, la matanza 41 registrada en lo que va del año (que han dejado 158 víctimas hasta ayer) según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
