Ciudad de México. Organizaciones civiles y de derechos humanos coincidieron que en México no hay una intervención efectiva del Estado para la búsqueda y localización de víctimas de desaparición, feminicidio, y que además no se ha comprometido en atender el desplazamiento forzado.

Durante un foro que organizó el movimiento Iglesias por la Paz con Justicia y Dignidad, Ximena Ugarte, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que a nivel nacional trabajan en el acompañamiento de familiares de las víctimas para revertir la impunidad y falta de acceso a la justicia que enfrentan de las autoridades.

Indicó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la mayoría de las mujeres desaparecidas en el país tienen entre los 15 y 19 años. “El acompañamiento nos permite ver fallas estructurales en el acceso a la justicia del sistema en general, tanto del ministerio público, como de los jueces, autoridades administrativas, así como visibilizar de manera muy directa dónde los familiares encuentran estos obstáculos para poder llegar a la verdad” reiteró.

Verónica Rosas Valenzuela, quien busca a su hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, secuestrado en Ecatepec, estado de México, el 4 de septiembre de 2015, cuando tenía 16 años, manifestó que “México se encuentra muy lastimado por la violencia, ya que son miles los desaparecidos en el país”.

Comentó que cuando inició con la búsqueda de su hijo, hubo fallas de las autoridades que negociaron su rescate, pues aunque pagó el montó que le exigieron los secuestradores, a la fecha no se ha logrado esclarecer su paradero. Asimismo, agregó que hay un vacío en las leyes, ya que a pesar de que hay algunos detenidos no les exigen decir dónde está. Incluso uno de los implicados recuperó la libertad.

“Es complicado cuando descubro todos los errores de las autoridades. Hubo muchas inconsistencias de las personas que nos asesoraron con la mal llamada negociación. Las autoridades se encuentran rebasadas, tratan a nuestros seres amados como expedientes. Ha sido un caminar de 5 años 8 meses en el que me he enfrentado a la indiferencia de las autoridades, también de la misma sociedad, quienes a veces nos etiquetan y dicen que nuestras familias desparecieron porque hacían cosas malas o se dedicaban a vender droga”.

Teodomira Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos en Chilapa, Guerrero y quien acompaña a víctimas de desplazamiento forzado en Guerrero, así como a familiares de desaparecidos, sostuvo que en el país “continúa la impunidad e injusticias. Hay desapariciones todos los días. Si nosotros no nos organizamos entre colectivos, estaremos solos. El gobierno siempre va a defender sus intereses. En Guerrero hay más de 20 mil desplazados y todo tiene que ver por la inseguridad que se vive por los grupos paramilitares que despojan de tierras y casas a los habitantes. También ellos tienen familiares desaparecidos o asesinados, es muy complicado”.