Ciudad de México. A casi dos años de que concluyó su gestión como gobernador de Campeche para convertirse en dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno arrastra irregularidades de su administración no aclaradas en esa entidad por 3 mil 852 millones de pesos, en gran parte, en 2018. De ese año no se han justificado plenamente 3 mil 430 millones de pesos, según el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo documento señala que en la mayor parte de las auditorías efectuadas tienen seguimiento concluido, pero las inconsistencias aún no están justificadas en 2021.

Entre las principales observaciones no aclaradas por Moreno destaca el destino de buena parte de las participaciones federales entregadas a Campeche en 2018: de 6 mil 374 millones de pesos asignados por este concepto, la ASF auditó 4 mil 11 millones de pesos, concluyendo con el requerimiento al gobierno del estado para que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria por 2 mil 443 millones de pesos.

En las conclusiones de la revisión de esta partida, la principal recibida por Campeche del gobierno federal, la ASF advierte: En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 2 mil 941 millones de pesos, el cual representa 73.3 por ciento de la muestra auditada.

El saldo de Moreno ante la ASF sobresale con respecto a su antecesor, Fernando Ortega, a quien en seis años de su gobierno se le identificaron recursos no aclarados por 190 millones de pesos. En 2019, con Moreno fuera del gobierno desde junio de ese año, la cuenta pública 2019 en Campeche arrojó irregularidades por sólo 43 millones de pesos.

Fallas en informes contractuales

La ASF destaca que la administración de Moreno no presentó la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuentas bancarias) del ejercicio de los recursos de participaciones federales a entidades federativas 2018.

Conforme al reporte de la auditoria 606 de la ASF correspondiente a la cuenta pública de 2018 y que esta clasificada como de seguimiento concluido (Moreno dimitió al gobierno en junio de 2019), se describen las irregularidades y se concluye:

“De una muestra de 33 expedientes de adquisiciones pagadas con recursos de participaciones federales 2018 por 158.2 millones de pesos para la adquisición de materiales y suministros, contrataciones para servicios profesionales y la adquisición de bienes muebles, equipos de cómputo y transporte, no proporcionaron el Programa Anual que incluyera 25 de las adjudicaciones; en 13 adquisiciones para la contratación de servicios de consultorías, servicio, actualización y mantenimiento de aeronaves del gobierno de Campeche; en 15 casos no contaron con los oficios de suficiencia presupuestal; en cinco casos no entregaron el acta constitutiva de los proveedores ganadores, lo que no permitió verificar su personalidad jurídica ni que sus actividades estén relacionadas con los bienes y servicios contratados.

No proporcionó en 19 expedientes la documentación que acredite la capacidad de respuesta, recursos técnicos y experiencia de las empresas contratadas, ni presentaron para 9 proveedores la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en 27 casos su inscripción ante las dependencias de los Servicios de Seguridad Social, no contaron con el contrato debidamente formalizado y en 19 casos los contratos no se sustentan con la normativa aplicable.

En la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en 2018, la ASF concluyó presunto daño patrimonial por 205 millones de pesos por falta de entrega de los rendimientos financieros generados por la aportación de mil 545 millones de pesos destinados al referido fondo; 99.9 millones de pesos más los rendimientos financieros por no acreditar la documentación del pago de salarios, entre otros.