Ciudad de México. Con la presentación de siete testigos, se llevó a cabo la primera jornada de juicio oral contra Juan Mario Velarde Gámez, Director Responsable de Obra (DRO), acusado de homicidio doloso, quien podría alcanzar una sentencia de hasta 520 años de prisión, de resultar culpable de la muerte de 26 personas tras el derrumbe del Colegio Rébsamen, el 19 de septiembre de 2017. 

Su abogado Ricardo Cajal confió en que en las dos o tres semanas de presentación de pruebas y alegatos, demostrará la inocencia de su representado, quien “nunca hizo ninguna construcción en el colegio, y sólo participó en algunos trámites”. 

Con la presentación de siete testigos, el Ministerio Público intenta acreditar su responsabilidad a partir de varios procedimientos administrativos y constancias, pues “él solo dio su visto bueno como DRO haciendo unas pruebas de carga”. 

Durante el juicio, que se prolongó por más de siete horas, con las declaraciones de los testigos obtenidas en el contrainterrogatorio, se demostró que “él sí hizo esas pruebas y que dejó de prestar sus servicios al concluir los trámites en que participó, en 2015”. 

En 2017, otros DRO´s “dieron sus vistos buenos de seguridad y operación, que debieron de renovar y hacer pruebas después del temblor del 7 de septiembre, para checar que el inmueble estuviera en buenas condiciones estructurales y no lo hicieron”, señaló. 

Así que, explicó, “estamos litigando una parte que se llama imputación objetiva, a fin de determinar si en verdad existieron omisiones, por parte de mi representado, quien lleva tres años en prisión, y lograr su absolución, porque aquí no hay atenuantes”. 

Consideró que, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “está omitiendo cierta información para hacer ver las cosas de forma parcial y, como defensa vamos a sacar a la luz todos los documentos y todo lo que aconteció, para demostrar su inocencia”. 

De no lograrlo en esta etapa, puntualizó, se acudirá ante un Tribunal de Apelación y de no lograr revertir la sentencia, se interpondrá un juicio de amparo directo, pues “de resultar culpable le impondrían una pena de 20 años, por cada víctima, es decir 520 años”. 

Sin embargo, estamos muy confiados en demostrar su inocencia y obtenga su libertad en fecha próxima, pues “sacamos información clave de los testigos de la Fiscalía para reforzar nuestra teoría”, afirmó el abogado, quien lleva el caso por Pro Bono contratado por una Fundación, por lo que el Despacho Ruiz Durán no cobrará nada. 

Fernando Castillo, abogado de algunas de las víctimas, precisó que el juicio será largo, por la presentación de 28 testigos del Ministerio Público, 10 de las asesorías jurídicas y siete de la defensa, pero “esperamos terminar en tres semanas”. 

Un solo juez lleva el caso y el determinará la culpabilidad del imputado, lo cual “buscamos acreditar con la teoría del caso postulado” y la presentación de los testigos, cuyo número este martes será igualmente de siete. 

Las jornadas de presentación de las pruebas, reconoció, serán largas, pero se requiere desahogarlas de manera puntual, dijo.