Bogotá. El Comité del Paro Nacional, que desde hace más de un mes mantiene paralizada gran parte de Colombia, denunció ayer que con la militarización el gobierno de Iván Duque bloquea una negociación, al tiempo que miles de personas vestidas de blanco marcharon en Bogotá, Medellín y otros puntos del país para exigir el fin de las protestas, que han dejado más de 70 muertos, así como para expresar su apoyo a las fuerzas de seguridad.

Después de seis días, la madrugada de ayer el gobierno nacional nos envió observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta que habíamos logrado cerrar después de nueve días de exploración y concertación el pasado 24 de mayo, informó el Comité del Paro Nacional.

No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación. Agregó que el Ejecutivo se mantiene en silencio no sólo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación.

Los miles de detenidos, los cientos de heridos, de ellos 51 con lesiones oculares y los más de 70 muertos, incluidos 14 abatidos la noche del viernes en Cali por la policía y por personas vestidas de civil que acompañan a los agentes, dan cuenta del horror desatado, inadmisible en cualquier Estado democrático, subrayó.

El comité del paro subrayó que el presidente Duque sigue guardando un silencio cómplice ante el uso desmedido de la fuerza de la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales contra quienes ejercen el derecho a la protesta.

Denunció que en los últimos dos días la simulada voluntad de negociación del gobierno nacional, que resultó de la contundencia de la protesta social y de la presión internacional, se desvaneció por completo al emitir el decreto 575 que impone asistencia militar a ocho gobernadores y 13 alcaldes, entre otras acciones.

“Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina a las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”, denunció.

El Comité del Paro Nacional aseguró que el gobierno nacional impuso una política de guerra contra el paro. Tenemos la convicción de que en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho podremos resolver este conflicto mediante el diálogo y la negociación y exigimos que se firme el preacuerdo de garantías logrado el 24 de mayo, expresó en un comunicado divulgado al comenzar un nuevo encuentro con representantes del gobierno.

La delegación oficial exigió nuevamente el cese de los bloqueos, a lo que el comité replicó que los cierres son interminentes y permiten el paso de alimentos, medicamente y de misiones médicas, informó la revista Semana. Al cierre de esta edición no había informes sobre el resultado del encuentro.

Por lo pronto, los militares están en las calles de Cali tras sangrientos choques entre manifestantes, policías y civiles armados. En una ciudad fracturada por el estallido social, las tropas son aplaudidas en algunos barrios, pero en otros hay recelo y miedo, relató la agencia de noticias Afp. Pese a la orden presidencial de desplegar tropas, ni el ejército ni la policía se aproximan de día a las barricadas.

En Bogotá, miles marcharon por el centro ondeando banderas y vestidos de blanco, para exigir el fin de las protestas, de los bloqueos y en respaldo a las fuerzas militares.

Salimos a marchar pacíficamente para pedir que termine el paro y volvamos al trabajo, todo el cierre de vías y bloqueos está afectando a la economía nacional y está generando mayor pobreza, sostuvo Bernardo Henao, abogado y ganadero de 63 años.

Un mes después del estallido social que desató la idea ya descartada del gobierno de subir los impuestos en plena pandemia, el país luce fracturado, con una policía cuestionada por el trato a manifestantes y con ataques de civiles armados hasta con fusiles, así como actos de vandalismo y saqueos que el gobierno atribuye a las guerrillas.

Desde Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por los ataques en Cali y llamó a diálogo y a una investigación independiente.

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de Argentina desplazada a Bogotá denunció la masacre contra los manifestantes y el “ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población mientras 17 embajadores de la Unión Europea en Colombia abogaron por el diálogo como única vía para la solución a la crisis.