La abogada Norma Lizbeth Chánez Sáenz, denuncia publicamente que ha "vivido un martirio desde enero de 2020 porque, en vez de atender su denuncia por abuso sexual, los más altos funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua se han dedicado a hostigarme y a violentarme laboralmente, por sucesos ocurridos cuando Maru Campos, candidata a la gubernatura de Chihuahua, era alcaldesa del municipio del mismo nombre.

Todo inició en enero del 2020 durante el tradicional festejo que brinda la Dirección de Seguridad Pública a las y los policías municipales. El convivio fue en la Comandancia Sur. Norma Lizbeth pretendía utilizar el único sanitario que hay para juezas y jueces calificadores en la institución. Es para hombres y mujeres. Estaba abierto. Cuando entró se dio cuenta que el policía Alejandro García Montalvo estaba orinando. Ella retrocedió de inmediato y cerró la puerta.

Afuera estaba Francisco Lezama, subdirector de Justicia Cívica, quien, de manera vulgar y burlona, le comentó: “Ya se lo viste”, refiriéndose al órgano sexual del policía.

Cuando García Montalvo salió, le dijo: “Ya puedes entrar, te lo dejé calientito”.

“Me sentí sumamente ofendida, humillada y denigrada, ya que en ningún momento di pie para ese tipo de trato y comentarios hacia mi persona, sintiendo sus comentarios como un acoso sexual y ofensivo hacia mi persona”, indica Norma Lizbeth en la queja que interpuso ante la CEDH el 23 de junio de 2020.

El hostigamiento viene desde el director Gilberto Loya y Juan Carlos Vielma, coordinador de Jueces Civiles, hasta Francisco Lezama, subdirector de Justicia Cívica y Paloma Jazmín Valle, encargada de las áreas de Pertenencias, Captura y Afis.

También César Jáuregui Moreno, secretario del Ayuntamiento; Liliana Herrera, subdirectora de Atención a la Violencia Familiar y de Género; Margarita Blackaller, directora del Instituto Municipal de las Mujeres y Salvador Aristi, subdirector de Atención Ciudadana, se enteraron de la denuncia que hizo Norma Lizbeth.

Organizaron una reunión con la víctima y tomaron acuerdos para atenderla, pero, lejos de que se resolviera, su situación laboral empeoró. Incluso acordaron sancionar a Francisco Lezama y a Alejandro García Montalvo, pero en vez de castigarlos, ambos ascendieron de puesto.

Ni siquiera la recomendación No. 43/2020 que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) el 21 de diciembre de 2020 logró mejorar la condición laboral de la abogada denunciante.

“La quejosa refiere ser empleada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, manifestando que ha sido objeto de hostigamiento y violencia institucional por parte de sus compañeros y superiores en dicha institución, lo cual le ha provocado un detrimento en su salud mental y física. Este organismo encontró elementos para considerar violados los derechos fundamentales de la impetrante, específicamente los derechos al acceso a la justicia, al trato digno y a una vida libre de violencia (derecho a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez e integridad personal)”, indica la síntesis de la Recomendación.

Norma Lizbeth cuenta con apoyo jurídico del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, pero tampoco ha sido suficiente para que acabe la violencia institucional.

La abogada nunca se había sentido tan ofendida y tan violentada, sobre todo porque la agresión tiene evidente carga sexual, pero aclara que el hostigamiento laboral inició desde septiembre de 2019, cuando Juan Carlos Vielma, quien fungía como su jefe, la cambió de lugar y de puesto sin razón alguna.

Afirma que Vielma la maltrató enfrente de todo el personal durante una reunión de trabajo, donde le anunció que ya no se desempeñaría como jueza calificadora en la Comandancia Norte.

La mandó al área de Pertenencias, luego a la de Captura y después a la de Afis. Pronto la envió a la Comandancia Sur. No conforme con esos cambios, su jefe le ordenó cubrir vacaciones en turnos de noche.

Así ha sido la vida laboral de Norma Lizbeth los últimos veinte meses. Es tanto el estrés que sufre, que hasta al psiquiatra fue a parar. Y la persecución no acaba.

Recientemente le llegó un citatorio. Lo firma Luis Enrique Santos Balderrama, subdirector de Recursos Humanos de Oficialía Mayor. Debía presentarse el 20 de mayo del presente año. Ella acudió. No tendía idea de qué se trataba.

Se sorprendió mucho cuando le informaron que está acusada de hostigar a una compañera y la testiga principal es su jefa Paloma Jazmín Valle, encargada de las áreas de Pertenencias, Captura y Afis.

Norma Lizbeth no sabe qué pasará con su trabajo, pero no quiere que la violencia que sufre quede impune. Por eso se atrevió a hacer la denuncia pública.

Este jueves 27 de mayo interpuso una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Anexa la Recomendación de la CEDH y afirma que lejos de recibir atención por el abuso sexual y la violencia laboral que sufre desde hace más de un año, ha sido intimidada y ha recibido amenazas advirtiéndole “que ya no le mueva”.

“Se han intensificado las acciones en mi contra, es evidente que ha sido en represalia porque he levantado mi voz para denunciar las agresiones”, indica y responsabiliza a la Presidencia Municipal, al Instituto Municipal de las Mujeres y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las consecuencias físicas, psicológicas y laborales que pueda tener.

También presentó un escrito ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos donde señala que la Recomendación que emitió esta institución no se ha cumplido. Al contrario, se incrementó la intimidación por parte de las autoridades municipales.

Este no es el único caso de violencia de género que ha ocurrido en la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante la presente administración. Son varios. Incluso otras víctimas han interpuesto quejas ante la CEDH, pero no terminaron en recomendaciones porque en el proceso conciliaron con la autoridad.