Bogotá. Miles de personas marcharon ayer en capitales y municipios de los 32 departamentos de Colombia para exigir al gobierno del presidente Iván Duque apoyo económico a los pobres y otras medidas sociales, en una nueva jornada de protestas que cumplen casi un mes en el país y que han dejado decenas de muertos.

Los manifestantes exigieron avances en el denominado Pliego Nacional de Emergencia, que es coordinado por el Comité Nacional del Paro (CNP), uno los principales grupos líderes de las movilizaciones, el cual está conformado por sindicatos, estudiantes, docentes e indígenas.

Las demandas incluyen el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, una moratoria en el pago de hipotecas y servicios públicos durante cuatro meses y la derogación de las medidas de emergencia que, según los líderes de la protesta, han empeorado las condiciones de trabajo durante la pandemia de Covid-19, cuya tercera ola está en su punto más álgido tras registrar 514 fallecidos y 23 mil 487 casos en 24 horas.

Los inconformes exigieron la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, quien esta semana ha comparecido primero, ante el Senado, y luego ante la Cámara de Representantes, donde lo señalaron por su responsabilidad política en la violencia policial.

En Bogotá las protestas fueron pacíficas, pero hubo algunos bloqueos que afectaron al sistema de transporte público Transmilenio, además de que se reportaron algunos disturbios.

Cientos de personas se congregaron en las plazas principales de los municipios En Pasto y Popayán, mientras en Cali arribó una caravana desde Bogotá integrada por representantes del CNP con medicinas y alimentos.

La petrolera estatal Ecopetrol reportó bloqueos que impedían el acceso de los trabajadores a la refinería de Barrancabermeja, la más importante del país, y advirtió que la situación pone en riesgo el abasto normal de combustible.

En Medellín, Bucaramanga, Montería, Casanare, La Guajira, Barrancabermeja y Nariño, entre otras capitales estatales, se llevaron a cabo marchas pacíficas a favor del paro.

Camilo Andrés Arango, universitario de 18 años, falleció al parecer por una herida de arma de fuego la noche del martes durante una protesta que terminó con la quema del Palacio de Justicia en el sureño municipio de Tuluá, departamento de Valle del Cauca, cuya capital es Cali, epicentro de las manifestaciones.

Los enfrentamientos comenzaron cuando una multitudinaria protesta pacífica a favor del paro fue interrumpida por dos hombres que atacaron con piedras a los uniformados y arremetieron contra la sede judicial. Otros dos civiles recibieron disparos y se reportaron saqueos.

Las protestas en Colombia comenzaron el 28 de abril y han presionado al gobierno y al Congreso a archivar una reforma tributaria y otra de salud. Desde entonces la presión social continúa en las calles cada vez con más demandas.

La ONG Temblores ha reportado la muerte de 43 civiles por la represión desde que comenzaron las marchas, mientras el Ministerio de Defensa da cuenta sólo de 15. Distintas organizaciones han documentado desapariciones, heridos, arrestos arbitrarios, disparos de armas y agresiones sexuales en las movilizaciones.

Nuevo llamado a movilizarse

Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, llamó a reforzar las protestas de este viernes, cuando se cumplirá un mes de las movilizaciones. Advirtió que el Ejecutivo no quiere agilizar las negociaciones con el CNP, ya que aplazó para hoy la firma de un preacuerdo, alcanzado la madrugada del martes, el cual brinda garantías a la protesta social y da paso a la instalación de una mesa de diálogo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las violaciones a los derechos humanos en Colombia y reiteró la importancia de que se le permita una visita al país para evaluar la situación.

El gobierno se había negado a otorgar el permiso, pero ayer la ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, declaró que el organismo puede visitar el país mañana sin ningún problema, lo que supondría adelantar el viaje previsto para el 29 de junio. Estamos listos para su llegada, insistió la funcionaria.

El martes, autoridades impidieron la entrada a Colombia al líder social argentino Juan Grabois, miembro de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos que verificará las protestas, por tener inconsistencias en su documentación y mostrar falta de respeto, lo que fue negado por el afectado.