Teotihuacán, Mex. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), apoyado por más de 100 elementos de la Guardia Nacional y policía estatal, ocupó el predio de siete hectáreas en Oztoyahualco, catalogada como Área B de restricción de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, para llevar a cabo una inspección y verificar la destrucción y saqueo que se está realizando en la zona.
La diligencia es parte del proceso de denuncia penal que presentó el INAH, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la destrucción.
Este miércoles, al filo de las 11:00 horas, los más de 100 efectivos se concentraron en la Zona Arqueológica de Teotihuacán y de ahí avanzaron al predio para tomarlo y rodearlo.
A su llegada al predio encontraron a más de 60 trabajadores que laboraban en el bardeado, y edificación de cuartos y desmonte del terreno. Éstos, encabezados por los propietarios del predio, les hicieron frente y por momentos hubo riesgo de enfrentamiento.
Se vivieron varios momentos de tensión cuando los trabajadores agredieron al personal del INAH, arrebatándoles su teléfono porque tomaban fotos.
El personal del INAH realizó la diligencia, encabezados por Valerio Jesús Hernández Ramírez, subdirector de asuntos penales; Jorge Hernández Aguilar, apoderado legal de la dependencia y por parte del INAH estado de México Francisco Javier Acuña Juárez, jefe del departamento de seguridad resguardo de bienes culturales y Héctor Martínez, jefe del departamento de trámites y servicios legales.
Se notificó en primera instancia al dueño del predio, René Monterrubio, y después se procedió a realizar un recorrido por las siete hectáreas.
Desde enero pasado se llevan a cabo las obras en el predio denominado Oztoyahualco, presuntamente para construir un parque ecoturístico. Ese espacio, ubicado a unos 800 metros de las pirámides, es catalogado como Área B de restricción de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.
Ante las denuncias, el INAH tomó cartas en el asunto, y el 4 y 5 de marzo su personal realizó la primera visita de inspección; en ésta confirmó que las obras se realizaban de manera irregular por lo cual se procedió a colocar sellos de suspensión de la obra.
Días después, el 30 de marzo, una vez que venció el plazo que la ley le otorga al propietario del predio para la regularización, realizó una nueva visita de verificación y se corroboró que los sellos de la primera suspensión habían sido violados, y que las obras continuaban de manera ilícita.
De nuevo fueron colocados sellos de suspensión, y se determinó levantar la denuncia correspondiente el 20 de abril contra quien resulte responsable, ante el Ministerio Público Federal con sede en Texcoco, pero so no detuvo los trabajos.
El pasado 24 de mayo, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), demandó a las autoridades mexicanas detener la destrucción arqueológica; además solicitó que las afectaciones sean evaluadas por organismos profesionales autorizados, y perseguir a quién o quiénes resulten responsables de la destrucción y saqueo.
