Nueva York. A un año del asesinato del afroestadunidense George Floyd por un policía, un movimiento por la justicia racial sin precedente en la historia del país ayudó en derrotar a un presidente racista, motivó algunas reformas policiacas a nivel local y otras siguen pendientes, y obligó a que un nuevo presidente se comprometiera en impulsar reformas federales en defensa de los derechos civiles y frenar la violencia oficial del racismo sistémico en todo el país -aunque esas promesas aún estar por ser cumplidas.

La familia de George Floyd, incluyendo su hija de 7 años, fueron invitados a una reunión privada con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca este martes para marcar el aniversario. Tambien se vieron con líderes legislativos, incluyendo la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi.

El presidente -quien puso al centro de su campaña la justicia racial- había impuesto esta fecha como límite para promulgar la llamada Ley George Floyd que incluye reformas sobre limitar la inmunidad policíaca y prohíbe el uso de una maniobra física sobre el cuello para someter a sospechosos, entre otras. Pero aunque fue aprobada por la cámara baja, enfrenta obstáculos por republicanos en el Senado. La familia Floyd instó a los políticos actuar más rápidamente para aprobar el proyecto de ley.

El presidente emitió un comunicado después de su reunión afirmando que “la familia Floyd ha demostrado valentía extraordinaria” y recordó que cuando conoció a la hija de Floyd el día antes del funeral de su padre, “ella me dijo, ‘papá cambio al mundo’. Así es”.

Agregó que confía que el Senado aprobará una versión del proyecto de ley, afirmando que ‘tenemos que actuar... La batalla por el alma de Estados Unidos ha sido un jaloneo entre el ideal estadunidense de que todos somos creados como iguales y la dura realidad de que el racismo… nos ha destrozado”.

Legisladores, el ex presidente Barack Obama y otras figuras nacionales emitieron declaraciones expresando su compromiso con promover reformas y elogiando la lucha renovada por los derechos civiles y el combate contra el racismo sistémico y estructural.

Alrededor del país, múltiples eventos marcaron el aniversario. En Minneapolis se organizó un festival de música y comida en un parque cerca del tribunal donde el policía Derek Chauvin - quien se arrodilló sobre el cuello de Floyd por más de 9 minutos a pesar de repetidas súplicacs de su víctima de que no podía respirar - fue declarado culpable por asesinar a Floyd el mes pasado. El caso de Chauvin fue una de las pocas excepciones en la prevalencia de la impunidad gozada por autoridades acusadas de homicidio y maltrato de minorías.

En los eventos, foros, vigilias y más, se recordó, y muchos se comprometieron a continuar, las movilizaciones de protesta masiva que detonó el asesinato de Floyd en Minneapolis y persistieron durante meses sacudiendo al país.

Algunos cálculos son de que unas 26 millones de personas participaron en esas movilizaciones - el movimiento de protesta más grande de la historia del país - por todo el país.

En Washington, días de protestas llevaron a que el entonces presidente Donald Trump se escondiera en un búnker en el sótano de la Casa Blanca el 30 de mayo del 2020. Poco después, amenazó con enviar tropas federales a varias ciudades y ordenó la represión de una manifestación pacífica en las afueras de la Casa Blanca con el uso de fuerzas armadas, algo que provoco una profunda crisis entre la cúpula militar.

Biden, aunque aun no ha logrado cambios legislativos, ha dejado claro el giro en su política comparado con su antecesor al instalar a un procurador general, Merrick Garland, que ha declarado como prioridad la lucha contra el supremacismo blanco y nombrando a Kristen Clarke - hoy ratificada por el Senado - como jefa de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia (la primera mujer afroestadunidense en el puesto, entre otros cambios ejecutivos.

A nivel estatal, el movimiento detonado por la muerte de Floyd ha logrado generar propuestas de reformas policiacas en casi todos los estados, y en una mitad (24) han aprobado nuevas leyes en ese rubro; 30 han aprobado nuevas reglas sobre tácticas policiacas. A nivel local, decenas de ciudades han reducido sus presupuestos policiales y/o han implementado medidas para reformar el comportamiento de sus fuerzas de seguridad pública.

Pero muchos en el renovado movimiento de derechos civiles afirman que están buscando promover un cambio mucho mas amplio El reverendo William J. Barber, co-presidente de la Campaña para los Pobres, señala que “el racismo sistémico en lo policial esta vinculado con el racismo sistemico en la desigualdad económica” como también en medidas para suprimir la participación política de minorías. “La justicia demanda una transformación sistémica”, afirma.