Ciudad de México. Frente a una economía digital que representa 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que incluso en últimas fechas creció hasta en 20 por ciento, es necesario alinear las estructuras fiscales a las nuevas formas de producción, manifestó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.
Detalló que las condiciones que impuso la pandemia de Covid-19 sobre la economía evidenciaron que la digitalización contribuye a la mitigación de riesgos y “es una canal de generación de actividad económica muy importante”, por lo que se debe considerar como criterio transversal en las decisiones de política pública.
En un seminario convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la política fiscal es una herramienta central en el manejo de la crisis y con la pandemia de Covid-19 se instrumentó a través de subastas, un aumento en el gasto en salud y la flexibilización de regulaciones bancarias, pero no es la única, como han planteado debates recientes.
Reiteró que pese a los cuestionamientos que hubo al país, por tener uno de los paquetes fiscales de emergencia más reducidos, “en marzo quedaba claro que si no había una vacuna rápido, esto podría prolongarse más de lo que todo mundo esperaba”. Así que por un lado se limitó la deuda, se usaron en su lugar otros mecanismos como los fondos de estabilización y las coberturas petroleras para compensar ingresos, pero también no se buscó mayor financiamiento porque la ley obliga su uso en infraestructura.
“Sin duda el Covid tuvo impactos asimétricos”, reconoció el subsecretario; al haber sido más afectados sectores que requieren una mayor proximidad entre personas. En general, los efectos alrededor de esta crisis van a cambiar la forma en que se diseña el financiamiento, por uno dirigido al combate al cambio climático y el cierre de brechas sociales, es decir, que promueva un crecimiento más sustentable.
Agregó que por lo pronto, más allá de la política fiscal, se está trabajando con el Banco de México para pedir que use algunos de sus brazos regulatorios y en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se revele información y un mapeo de riesgos sobre el impacto que pueda tener el impulso a proyectos sustentables en la estabilidad financiera.
