El gobierno de México manifestó su preocupación frente a las acciones aparentemente planificadas por las autoridades de Bielorrusia para hacer aterrizar en Minsk, la capital de aquella nación, un avión comercial de la aerolínea Ryanair en el que viajaba el activista opositor Roman Protasevich, quien fue detenido derivado de esa acción.

Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un breve comunicado en el que señaló que estas acciones podrían vulnerar el derecho internacional.

“México expresa su profunda preocupación ante las acciones presuntamente realizadas por el gobierno de Bielorrusia contra un vuelo comercial de bandera irlandesa, que podrían constituir una violación al derecho internacional, en particular a la Convención de Chicago de 1944, al haberse puesto en peligro la vida de sus ocupantes”, enfatizó la cancillería.

De acuerdo con información reportada desde aquella zona, el gobierno del presidente Alexandr Lukashenko habría orillado a la aeronave, que volaba de Grecia a Lituania, a aterrizar en territorio bielorruso ante una posible amenaza de bomba abordo. Diversas fuentes han sostenido que la persona que amenazó con portar el aparato explosivo y accionarlo sería un presunto agente de los servicios secretos de Bielorrusia.

Así, el avión aterrizó en la capital de esa nación y durante su estancia en la terminal aérea de Minsk se detuvo al periodista y bloguero opositor al régimen de Lukashenko y a su acompañante, Sofia Sapega.

Protasevich es cofundador y director del servicio de noticias Nexta, que se transmite a través de un canal de Telegram. Como publicó este lunes La Jornada, desempeñó un papel preponderante durante las manifestaciones masivas de repudio a la enésima relección del presidente bielorruso, con transmisiones de video en directo que las autoridades no pudieron impedir, al proporcionar información amplia y puntual sobre lo que estaba ocurriendo en su país, eludiendo toda censura.

Se ha convertido en la principal fuente de información de la oposición bielorrusa, por lo que el régimen de Lukashenko lo acusa de “extremista y terrorista”.

El opositor podría ser llevado a juicio que lo condenaría a muchos años de prisión e inclusive a la pena de muerte, pues en Bielorrusia aún se permite ese castigo contra quienes cometen graves delitos que no merecen ningún tipo de perdón.