Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la “represión policial” contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, y alertó que derivado de los hechos aún hay 54 personas en calidad de desaparecidas.

Detalló que el día de los actos violentos contra los normalistas que demandaban mejoras educativas, el 18 de mayo, los jóvenes fueron desalojados de la caseta de Chiapa de Corzo, donde se manifestaban, y la policía incurrió “en uso de la fuerza, tocamientos y desnudamientos públicos, dejando como saldo la detención de 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial”.

Por ello, reclamó a las autoridades estatales apego a la ley y atención urgente y especial ante las denuncias de desapariciones y los agravios.

El organismo nacional indicó desde que se conocieron los actos de violencia en contra de unos 300 normalistas y 30 integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas ha estado pendiente de los procesos, por lo que ya envió personal al lugar para estar en contacto con los estudiantes y la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas.

Informó que personal de personal de ambas comisiones de derechos humanos acudió al penal El Amate, donde fueron recluidos los detenidos, para entrevistarse con las y los normalistas.

“La CNDH hace un llamado al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General de esa entidad, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el estado; exhorta a las autoridades municipales y estatales, para que se respete la libertad de manifestación; y reitera su compromiso de investigar objetivamente todo uso excesivo de la fuerza pública que vulnere la libertad de expresión y en general las libertades públicas”.

Por separado, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió investigar los hechos, las posibles violaciones al proceso legal de los 95 detenidos y las denuncias de abusos por parte de funcionarios públicos estatales.

“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió.

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el 18 de mayo 2021, en la caseta de cobro de la autopista de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, fueron detenidas 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro integrantes de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó (todos hombres, dos de ellos adolescentes, estos últimos ya fueron liberados).

“La ONU-DH recibió de parte de testigos de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas alegaciones sobre actos de posibles detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otras. Asimismo, recibió información sobre acciones que habrían dificultado el acceso de las personas detenidas a contar con representantes legales de su elección. La ONU-DH ha sido informada también sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, El Amate”.

Ante ello, el organismo internacional urgió a garantizar el debido proceso a todos los detenidos, lo que incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa.

En el caso de hablantes de lenguas indígenas, demandó incorporar la perspectiva intercultural a la investigación, así como garantizar su derecho a contar con servicios de traducción e interpretación que les permitan seguir todo el proceso y participar en el mismo en su propio idioma, para garantizar su derecho de acceso a la justicia.

“Las investigaciones de los posibles casos de abuso que podrían haber sido cometidos por las funcionarias públicas y los funcionarios públicos deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado. Esta investigación también debe garantizar la efectiva incorporación de la perspectiva de género al atender especialmente las denuncias de violencia sexual”, remarcó.