Berta Zúñiga, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh), señaló que las entidades financieras internacionales “no deben financiar la violencia, el despojo y la muerte”.

La hija de Berta Cáceres, activista medioambiental y líder indígena lenca, que fue asesinada el 2 marzo de 2016 por su lucha en contra de un proyecto hidroeléctrico, indicó que todas las entidades financieras tendrían que respetar los derechos humanos de las comunidades, y dejar de aportar recursos para proyectos no consensuados con los pueblos originarios, los que aunque se promueven como acciones a favor del desarrollo, en realidad solo generan despojo, pobreza y destrucción

En conferencia de prensa virtual, integrantes de la Copinh, del bufete Global Justice Association y de organizaciones de Holanda celebraron la cancelación del préstamo por 60 millones de dólares que el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), había otorgado al banco FICOHSA.

“La suspensión de este préstamo representa un logro popular, y sienta un precedente. Debería ser un llamado de atención apra que otros bancos que invierten en proyectos extractivos sin consentimiento (de los pueblos) hagan lo mismo”, indicaron.

Dieron a conocer que hay “chats e intervenciones de comunicaciones” expuestas en el juicio contra uno de los presuntos implicados en el asesinato de Cáceres, los que “comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA”.

El homicidio de la luchadora social, cuyo caso ha cobrado notoriedad internacional es acompañado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Exigieron el esclarecimiento de las responsabilidades de “los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres”.

Demandaron a los bancos inversores en los proyectos hidroeléctricos a que “presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos”.

Así mismo, reconocieron el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros “proyectos ilegales e ilegítimos en el país (Honduras), como el proyecto Jilamito en Atlántida”.

También llamaron a la sociedad nacional e internacional a “combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño”.

Recordaron que antes de su asesinato, Berta Cáceres pidió a FMO que se desprendiera de sus inversiones en Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y ligada al banco FICOHSA Honduras.

Comentaron que pese “a los abusos generalizados contra los derechos humanos y el medio ambiente en las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Agua Zarca, el banco de desarrollo se negó a ceder”.

Por ello en 2019, el” COPINH presentó una demanda contra el banco por su inversión en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que no contó con el consentimiento de la comunidad indígena lenca afectada.

“En 2020, FMO anunció una nueva negociación con FICOHSA, que fue inmediatamente denunciada por organizaciones de derechos humanos nacionales en internacionales”, por eso “la suspensión del préstamo es un logro popular y sienta un precedente enorme para el país debido a la larga relación que el FMO ha mantenido con FICOHSA desde hace años y debería ser un llamado de atención para que otros bancos que invierten en proyectos extractivos sin consentimiento en Honduras hagan lo mismo”.