Mexicali. Por el delito de peculado en perjuicio del Gobierno de Baja California, cuatro funcionarios del almacén de la Secretaría de Salud en el municipio de Ensenada fueron vinculados a proceso por utilizar de manera ilegal dosis de fentanilo inyectable.

Se trata de Carlos Alejandro, Gerardo Antonio, Lorenzo y Bladimir, quienes fungían como jefes de almacén de Isesalud, en las instalaciones ubicadas en la avenida Ruiz y Vicente Guerrero de la delegación municipal de Maneadero. 

De acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, los servidores públicos dispusieron de más mil 633 cajas con fentanilo. Cada caja contenía seis ampolletas con solución inyectable de 0.5 mg, por lo que se estima que la afectación es cercana a las 10 mil dosis que se utilizan cínicamente en la inducción y mantenimiento de la anestesia y en algunos casos para cirugías. 

El agente del Ministerio Público señaló en la carpeta de investigación que estas dosis de fentanilo estarían contribuyendo en el incremento de los riesgos contra la salud pública y, por ende, a conductas relacionadas con la elaboración y tráfico de drogas sintéticas. 

El Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio dictó auto de vinculación a proceso a los cuatro imputados por el delito de peculado en perjuicio de la institución de salud; concedió tres meses para el cierre de Investigación. 

Fuentes consultadas advirtieron que el consumo de fentanilo, representa una amenaza de alto impacto a la salud y la seguridad pública, ya que es 50 veces más peligroso que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina; debe ser administrado bajo supervisión médica en pacientes terminales o padecimientos como el cáncer, entre otros. 

Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular o por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa, comete peculado, de acuerdo al Código Penal del Estado.