Sergio García Vidaurri, perito experto en grafología que ha estado envuelto en procesos penales siendo detenido en 2002 por la PGR, acusado de falsas declaraciones, es ahora quien calificó de “falsas” las firmas de María Eugenia Campos en los recibos que la involucran con la nómina secreta de César Duarte.

Cabe recordar que en 2002 García Vidaurri –perito de la Procuraduría General de la República y académico del INACIPE- fue detenido por la propia PGR acusado de falsificar una serie de documentos dentro de un juicio penal, en beneficio del extinto banquero regiomontano Jorge Lankenau Rocha.

Este jueves, la candidata del PAN y PRD al gobierno de Chihuahua, convocó a los medios de comunicación para mostrar que son falsas las acusaciones en su contra, respaldada en los dichos del perito García Vidaurri, quien aseguró que la firma de los 34 recibos presentados para probar que Campos recibía dinero de Duarte no corresponde a la de la panista.

Aunque Maru Campos sigue en campaña afirmando que será la próxima gobernadora, se involucra con personajes que han estado envueltos en detenciones judiciales, como García Vidaurri.

La historia de la detención del perito García Vidaurri se asienta en lo inscrito en la causa penal 45/2012, radicada en el Juzgado Segundo de Distrito del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan, Estado de México, el perito de la PGR, ejercía su profesión también como particular y fue como perito privado que falseó su declaración al decir que tuvo a la vista un documento y calificarlo como falso, cuando nunca lo vio. Con su dicho beneficiaba a Emilio Antonio Fraga Hilaire, ex propietario de la empresa Efra y ligado a Monex.

Con su actuación se dijo que incurrió en delitos contra la administración de la justicia, pues como perito de la PGR no podía actuar en el citado juicio. Además, cometió el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad por decir que vio un documento que nunca tuvo en sus manos.

María Eugenia Campos llega al debate de este jueves con dos serios procesos penales en su contra, por haber recibido 10 millones de pesos a través de la nómina secreta de César Duarte, y, de acuerdo con las carpetas de la fiscalía estatal por haber cobrado más de un millón de pesos a empresarios a cambio de obtener licitaciones para brindar servicios al ayuntamiento de Chihuahua.

En el primer caso, se encuentra vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, con medidas cautelares adoptadas por la autoridad judicial. En el segundo, la audiencia inicial respecto a la investigación por pedir “moches ha sido diferida en cinco ocasiones.

Recientemente la panista sumó a su defensa a los abogados Iván Corral y Francisco Martínez Valles, conocidos por haber representado a los siguientes excolaboradores de Duarte.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que el 26 de febrero de 2016, el bufete jurídico del panista Lozano Gracia hizo dos transferencias vía SPEI por 32 millones 564 mil 287 pesos a la razón social Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., clasificada por el SAT como empresa fantasma definitiva, la cual estuvo directamente involucrada en los desvíos de recursos durante del gobierno del priista César Duarte, mismo bufete que lleva los casos de Maru.

Recientemente la panista sumó a su defensa a los abogados Iván Corral y Francisco Martínez Valles, conocidos por haber representado a los excolaboradores de Duarte.