La Red por la Justicia Penal pidió una tregua para no hacer más reformas a las leyes en la materia y en cambio evaluar la aplicación del sistema de justicia acusatorio, en vigor en todo el país desde junio de 2016.

Alejandro Ponce de León, integrante de esta red, que agrupa a diferentes organizaciones que impulsaron la reforma penal, afirmó que el problema no son las leyes, sino las políticas públicas para aplicarlas, la falta de coordinación entre instituciones y la poca capacitación para investigar.

A su vez, el fiscal anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas, advirtió que más policías, jueces o fiscales no necesariamente llevarán a reducir los delitos.

Añadió que para mejorar la seguridad pública no se debe dejar solo al sistema de justicia, a las policías y a las procuradurías, sino que hay que tener una visión integral y no sesgada.

Por su parte, Javier Carrasco Solís, del Instituto de Justicia Procesal Penal, advirtió que uno de los cambios legales preferidos de los actores políticos es aumentar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, lo cual, afirmó, es un retroceso, no disminuye la incidencia delictiva y sólo aumenta la población de las cárceles.

Sostuvo que el sistema de justicia acusatorio permite a las personas que enfrentan un proceso penal permanece en libertad, sujetos a medidas cautelares, como prisión domiciliaria, brazaletes electrónicos o la obligación de acudir periódicamente ante el juez, y se ha comprobado que más del 90 por ciento de los imputados cumplen con este régimen.

Por su parte, Carlos Villegas, magistrado estatal en Zacatecas, señaló que más que cambios legales se requiere homologar los criterios para aplicarlos.

Admitió que incluso en un mismo tribunal cada sala sostiene tesis distintas y contradictorias sobre cómo aplicar las leyes, “Es una torre de babel donde cada operador que acude se enfrenta a una diversidad de criterios, no se sabe qué esperar”.

Por todo ello, los integrantes de la red llamaron a no hacer más cambios en las leyes penales, y detenerse en cambio a analizar cómo ha funcionado el sistema acusatorio, para mejorar la forma en que se aplica.