Ciudad de México. El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó la resolución del 22 de febrero de 2019, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le impuso al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), Alejandro Vera Jiménez, una sanción resarcitoria por un millón de pesos, y ordenó su inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, debido a irregularidades detectadas dentro del esquema conocido como la estafa maestra.

Por mayoría de nueve votos, los magistrados aprobaron el proyecto del juzgador Juan Manuel Jiménez Illescas, quien argumentó que el fiscalizador aplicó la normativa correcta, fundó y motivó su resolución, por lo que declaró que Vera Jiménez no acreditó sus pretensiones de impugnar el fallo de la ASF.

En su ponencia Jiménez Illescas recordó que el 6 de octubre de 2014 se suscribió un convenio de colaboración entre la UAEMor y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), por un millón de pesos.

Esa casa de estudios ejecutaría diversas acciones y obligaciones con el fin de obtener un diagnostico acerca de las condiciones educativas y económicas involucradas en el desarrollo de proyectos de emprendimiento juvenil sustentables en México, y conocer cómo impactaban en el desarrollo y habilidades para el emprendimiento.

El magistrado explicó que dos meses después, Vera y otros servidores púbicos manifestaron que la universidad dio cumplimiento a lo pactado y en consecuencia firmaron un acta de entrega recepción de los servicios convenidos, por lo que el Imjuve hizo el pago respectivo.

“Sin embargo, la Auditoria Superior de la Federación advirtió que la universidad subcontrató con el tercero denominado México Crece, Promotores Educativos, Asociación Civil, los servicios que se había obligado a prestar en forma directa y le pagó 9 42 mil 920 pesos lo que significa que la universidad subcontrató más del 49 por ciento de los servicios pactados contraviniendo con esto el artículo 1, quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones y el artículo cuarto de su reglamento. Además de que no se demostró la entrega de los servicios pagados en los términos convenidos en virtud de que estos no cumplen con las características pactadas, pues los entregables provenían de fuentes de internet, sin ninguna, adecuación o interpretación por parte de la Universidad”.

De ahí, sostuvo el magistrado Jiménez Illescas, que la conducta reprochada al demandante, es que en su calidad de rector de la Universidad “suscribió indebidamente el convenio y el acta entrega recepción aún y cuando la universidad no contaba con la capacidad técnica, material y humana para realizar el objeto del contrato o cual provocó un daño a la hacienda pública por un millón de pesos” reiteró.

Órdenes de aprehensión

En noviembre del año pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal de Almoloya, Rodolfo Martínez Abarca, libró la orden de aprehensión contra 11 personas entre ellas la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles; el ex rector de la UAEMor, Alejandro Vera y el ex director de Empresas y Servicios de esa casa de estudios, Wistano Orozco.

En abril pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal del primer circuito le otorgó Vera Jiménez una suspensión definitiva contra dicho mandamiento judicial. Ese mismo mes, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ofreció una recompensa de 98 mil 582 pesos a quien proporcione información que permita dar con el paradero del ex rector, acusado de desviar 450 millones de pesos de la casa de estudios –recursos del subsidio otorgado por el gobierno de Morelos a la universidad– al utilizarlos como garantía de un crédito obtenido con Banco Interacciones durante su administración al frente a la UAEMor (2012-2017).