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Clima de violencia en 2020 generó pérdidas de 22% del PIB, dice informe

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Autoridades y paramédicos de la Cruz Roja, durante un rescate de tres menores que se encontraban abandonados en una vivienda. La madre de los menores argumentó violencia intrafamiliar por parte del padre. Foto Cuartoscuro / archivo
18 de mayo de 2021 11:59

Aunque en 2020 los niveles generales de paz en México mejoraron por primera vez en cinco años --al parecer debido a que la pandemia de Covid-19 provocó una baja en los delitos relacionados con la movilidad--, fenómenos como la violencia sexual y familiar aumentaron, y en el país el clima de agresiones generó pérdidas por casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual dio lugar a una caída de la paz de 18 por ciento en el último lustro.

Así lo reveló el Índice de Paz México 2021, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual señaló que México es el país de América Latina que menos invierte en sus aparatos de seguridad pública e impartición de justicia.

En conferencia de prensa virtual, el director del IEP, Carlos Juárez Cruz, detalló algunos de las hallazgos más importante del estudio, entre los cuales destacó que en 2020 México ocupó el lugar 137 del conteo, luego de mejorar 3.5 por ciento en sus índices de paz –los cuales se obtienen al analizar cinco indicadores--, en lo que significó la primera alza en este terreno luego de cuatro años de deterioro consecutivos.

De acuerdo con el especialista, la mejora estaría vinculada con la reducción de 13 por ciento en los delitos violentos desde marzo de 2020, la cual habría ocurrido a su vez por la reducción de la movilidad en el marco del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

El año pasado se registraron 27.8 homicidios por cada 100 mil personas, una baja de 1.3 por ciento, aunque de todas formas este índice continúa en niveles muy altos.

Una muestra de ello es que en 2020 fueron asesinados 524 policías (17 por ciento más que en 2019), además de 139 candidatos a diversos puestos políticos y ocho periodistas, por actividades relacionadas con su profesión.

Además de lo anterior, fenómenos como las violencias sexual y familiar “no sólo no bajaron, sino que se incrementaron” en 60 y 64 por ciento, respectivamente, de 2015 a 2020. Hay estados, subrayó Juárez, en donde el alza en estos rubros fue de hasta 400 por ciento --también en gran medida por el confinamiento-- y con las mujeres y niñas como las principales víctimas.

De acuerdo con el estudio del IEP, el año anterior el impacto general de la violencia fue de 4.7 billones de pesos, equivalentes al 22.5 por ciento del PIB. Lo anterior generó que, en promedio, a cada persona en México la violencia le haya costado 36 mil 893 pesos, que es el triple del salario promedio en el país.

Un efecto de lo anterior es que el gasto de ciudadanos y empresas en seguridad privada (cámaras, guardias, alarmas, rejas, etcétera) creció en 122 por ciento, especialmente en la Ciudad de México.

Los indicadores delictivos que bajaron, según el estudio, fueron el robo (22 por ciento), las agresiones (13 por ciento), la delincuencia organizada (3 por ciento), la extorsión (31 por ciento) y el narcomenudeo (8 por ciento), al tiempo que subió la prisión preventiva oficiosa.

Pese a la mejora parcial en 2020, entre 2015 y el año pasado la paz en México cayó 18 por ciento, la tasa de homicidios se incrementó en 84 por ciento, los delitos con arma de fuego se duplicaron, la delincuencia organizada creció 40 por ciento y el narcomenudeo, 125 por ciento.

Juárez destacó que México es el país de América Latina que menos invierte en sus sistemas de seguridad pública e impartición de justicia, con sólo 0.73 por ciento de su PIB, cuando el promedio regional es de 1.51. y el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es de 1.7 por ciento.

Un efecto de ellos es que en México sólo hay 2.2 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de 16.

De igual manera, el IEP destacó que en 2020 el país aumentó su gasto militar en 14 por ciento, mientras que su gasto en seguridad pública se redujo 31 por ciento, para su nivel más bajo en 12 años. El gasto en el sistema judicial bajó 3 por ciento.

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