Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso capitalino una iniciativa de reformas al Código Penal que incrementa la responsabilidad penal por lesiones y homicidio culposo en hechos de tránsito e incrementa las penas de prisión a los delitos de asociación delictuosa, invasión de inmuebles y por el uso de armas de fuego para lesionar o privar de la vida a otra persona.

En el primer caso, la iniciativa advierte en su exposición de motivos que la séptima causa de muerte más común en la población en general (1.08 en promedio al día durante 2019) y la segunda en personas de 5 a 29 años son por hechos de tránsito, aunado a que existe una reclamo social por parte de ciclistas y motociclistas de brindar una protección más amplia, así como a la percepción de impunidad por el bajo número de casos vinculados a proceso y las bajas penalidades que producen el efecto de “puerta giratoria”, en tanto que uno de cada tres automovilistas involucrados en un accidente se fuga sin proporcionar auxilio a la víctima.

La iniciativa propone trasladar al Código Penal como agravantes en el tipo penal de lesiones y homicidio en hechos de tránsito tres conductas contempladas en el Reglamento de Tránsito: el exceso de velocidad, la invasión de carriles confinados y la manipulación de dispositivos de comunicación mientras se conduce, que se suman a los ya contemplados e la norma de no proporcionar auxilio a la víctima, y el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.

En estos casos, se plantea incrementar la pena prevista en el Código de una mitad a dos terceras partes de las que se señalan en los artículo 123 y 130, es decir que para el caso de homicidio, la sanción vigente de cuatro a diez años, pasaría de cinco años y tres meses la mínima a 13 años y 3 meses la máxima.

De igual manera para las lesiones, en lugar de aplicar la mitad de la sanción que corresponde al ser delito culposo, se aplicarían dos terceras partes, así por ejemplo para lesiones que tardan en sanar más de 15 días y menos de 60, las penas mínima y máxima pasan de dos meses a un año, a cuatro meses y un año tres meses, en tanto que para aquellas que pongan en peligro la vida de la persona, pasan de tres a cuatro años, a una sanción de cuatro años a cinco años y tres meses.

En el caso del delito de invasión de inmuebles ya sea por medio de la violencia moral o física la iniciativa propone incrementar la pena de entre dos a cinco años a una mínima de cinco y una máxima de 10 años de prisión.

En el caso del delito de homicidio y lesiones dolosas, la jefa de Gobierno propuso establecer como agravante el sólo hecho del uso de arma de fuego.

En cuando al delito por asociación de tres o más personas para delinquir, la pena de prisión se duplica de cuatro a ocho años la mínima y se incrementa de ocho a doce la máxima, sanciones que se incrementarán además en una mitad cuando dichas grupos delictivos cometan homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada, robo, lavado de dinero, narcomenudeo, y a los integrantes de la banda que sean servidores públicos o pertenezcan a corporaciones de seguridad.