Ciudad de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) recibió al 15 de mayo un total de 162 denuncias, de las cuales 30 por ciento están relacionadas con la colocación, retiro, destrucción y sobreposición de propaganda política electoral.

Además de agresiones verbales y físicas contra candidatos, brigadistas, simpatizantes, voluntarios y la ciudadanía derivados de actos de promoción de las candidaturas, así como por amenazas e intimidación para evitar llevar a cabo actos proselitistas.

Dichas conductas no constituyen un delito electoral, pero pueden derivar en otro tipo de ilícitos e infracciones administrativas electorales, e incluso en sanciones para los institutos políticos, por lo que han sido canalizadas a las áreas correspondientes para su atención.

La Fepade de la Ciudad de México, sin embargo, destacó que del total de denuncias, 33 fueron por posibles delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y en 14 se dictaron medidas de protección; las primeras se otorgaron el 5 de abril.

Los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política y los derechos de los ciudadanos.

Ante ello, dirigió un exhorto a dirigentes de partidos políticos y coaliciones, candidatos, organizadores de actos de campaña e integrantes de comités de campaña, militantes, simpatizantes, brigadistas y voluntarios a conducirse de manera pacífica y respetuosa.

Ni provocar ni caer...

Los conminó, asimismo, a abstenerse de retirar, destruir o sobreponer propaganda política, así como a no provocar ni caer en provocaciones que deriven en agresiones verbales y físicas, amenazas o descalificaciones por cualquier medio.

El 11 de septiembre pasado, recordó, se inició el proceso electoral 2020-2021 para elegir a los diputados al Congreso de la Ciudad de México y a los titulares de alcaldías y concejalías de las 16 demarcaciones; y el 4 de abril las campañas electorales, que concluirán el 2 de junio.

Hasta el momento se tienen 162 denuncias por diversas conductas que no constituyen un delito electoral, aunque pueden derivar en otros ilícitos, por lo que son analizadas, y se tienen denuncias presentadas por candidatas.

Esas denuncias, precisó, pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, delito previsto en el artículo 20 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prevé penas de dos a seis años de prisión y multa hasta de 300 días, equivalente a 42 mil 510 pesos.

Por ello, los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatas están obligados a generar y respetar una competencia electoral en condiciones de igualdad, a fin de evitar ser sancionados de incurrir en la comisión de dicho delito, advirtió.