Tula de Allende, Hgo. Bomintzhá S. C. L., una cooperativa fundada hace 49 años por un grupo de ejidatarios del poblado del mismo nombre, hoy está convertida en una próspera empresa, pero las utilidades son sólo para un grupo encabezado por Bonifacio León Sebastián, que se apoderó de la administración, en contraste con la miseria en que vive la mayoría de los propietarios de la tierra y el resto de pobladores, quienes por exiguos salarios extraen el barro y los materiales pétreos (caliza, cuarzo, mármol, pizarra, hematita y otros), que los “dueños” venden a compañías cementeras.

El pasado 15 de octubre, la disputa entre los propietarios de la tierra provocó una trifulca que terminó en el asesinato de un ejidatario, lesiones por arma de fuego de una mujer y la desaparición del presunto homicida junto con su padre.

Martiniano Badillo y Juan Guerrero Lugo, de 78 y 70 años de edad, respectivamente, son dos sobrevivientes de los 154 ejidatarios que en 1972 fundaron y han trabajado en la cooperativa, aseguran que no han recibido utilidades ni la empresa ha aportado recursos para el mejoramiento urbano del poblado Bomintzhá.

Relataron que de los años 50 hasta 1971 los caciques José Rutilo Estrada y luego su hijo José Rutilo Estrada Olguín tuvieron la concesión para explotar los yacimientos de material pétreo pagando sueldos miserables a los pobladores que empleaban como peones.

En el contexto del movimiento de 1968, que terminó en la matanza del 2 de octubre, la activista Pilar Hernández organizó y movilizó a los ejidatarios hasta que el 22 de noviembre de 1972 lograron quitar a la familia Estrada el control de las minas pétreas y la creación de la Sociedad Cooperativa Ejidal Explotadora de Recursos No Renovables Bomintzha S. C. L., con reconocimiento del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.

Los ejidatarios recordaron que en 1984 el entonces secretario de gobierno del estado, el hoy perredista José Guadarrama Márquez, usó la fuerza pública para evitar que los ejidatarios controlaran la empresa y ésta recayera en manos de un grupo identificado con la familia Estrada, entre ellos Ismael León Viveros, quien permitió que la cementera Cruz Azul y otras empresas se apoderaran de 70 hectáreas para extraer caliza.

En 1997 los administradores cambiaron la razón social de la empresa por la de Cooperativa Bomintzhá S. C. L., para no tener ya ningún compromiso con los 154 socios fundadores que aseguran no haber recibido beneficios.

"Apenas hace 12 años los que administran la cooperativa comenzaron a aportar de 2 mil a 3 mil pesos al año al ejido Bomintzhá por la explotación de 12 cerros como minas a cielo abierto”, explicó Martiniano en su humilde vivienda de piedras y ladrillos que heredó de sus abuelos y cuyo techo de láminas se cimbra por las noches por la explosión de dinamita para extraer el material pétreo de las minas.

Otros ejidatarios entrevistados por La Jornada explicaron que el actual administrador Bonifacio León Sebastián, en complicidad con Prudencio Cervantes Reyes, quien se ha mantenido como comisariado ejidal durante muchos años, y sus socios se han apoderado prácticamente de los 12 cerros de donde se extrae la riqueza en bruto.

Este grupo, además, ha privilegiado al Sindicato de la Industria del Cemento al que le otorgan todos los contratos para que pueda transportar todos los materiales que se extraen de los cerros pagando precios de 4 o 5 pesos la tonelada. Esto porque de acuerdo a los denunciantes, Bonifacio León y otros que tienen el control de la cooperativa son también socios del sindicato.

En un recorrido por Bomintzhá, este diario pudo comprobar la gran explotación de materiales que hay en diversos cerros. En la cantera Tepozán la cooperativa explota 15 hectáreas de donde extrae caliza, cemento y grava; lo mismo ocurre en otro yacimiento denominado El Chato-El Donkin.

En otras, como la empresa ejidal El Tablón se extrae silica, mientras que en El Arbolillo grava y escrín, un insumo para elaborar cemento.

A raíz de la disputa interna por la dirección de la empresa cementera Cruz Azul, los ejidatarios aseguran que los administradores de la cooperativa Bomintzhá y de otras mineras dedicadas a la extracción de material pétreo han bloqueado los caminos que conducen a las minas entregadas a esa empresa para que no disponga de materia prima hasta que se esclarezca quién va a quedarse con el control de la cooperativa.

En este contexto, el 15 de octubre de 2020, reunidos en el salón ejidal, Bonifacio León Sebastián y sus socios pretendieron concesionar al Sindicato de Trabajadores y Representantes de la Industria del Cemento el transporte de los materiales sin autorización de los pobladores ni a sindicatos locales de camioneros que han sido excluidos de ser contratados por la cooperativa.

Encabezados por la activista Alma Hernández García y su hermano José Luis, con pancartas en mano, un contingente integrado mayoritariamente por mujeres acudió a protestar por la firma del contrato.

Tanto Bonifacio León Sebastián, el comisariado ejidal Prudencio Cervantes y los enviados del sindicato optaron por irse a otro salón hasta donde fueron alcanzados por los inconformes, quienes quemaron las mantas con la razón social del sindicato en las afueras del inmueble, mientras coreaban sus consignas.
Algunos de los reunidos salieron del salón a golpear a los manifestantes, tal como se observa en algunos videos.

Dos de los agresores fueron identificados como Domingo León López y su hijo Geovani León Hernández, quien según testigos portaba un arma de fuego cuando comenzó a golpear junto con otros a los manifestantes, entre ellos a José Luis Hernández.

Aunque en la grabación no se ve que Geovani accione el arma en la trifulca, se escucha débilmente un disparo tras lo cual los ejidatarios someten a golpes y patadas a Geovani al que reprochan haber disparado. En otro video se ve a José Luis Hernández tirado, muerto. La manifestante Agustina Viveros Guerrero resultó herida.

Los ejidatarios relataron que tanto Geovani León como su padre Domingo escaparon de la muchedumbre. Desde ese día se ignora su paradero.

Aunque los ejidatarios pidieron la presencia de la policía municipal de Tula, ésta llegó mucho tiempo después. Luego se incendiaron varios camiones de carga. Se ignora quiénes les prendieron fuego a los vehículos.

Al paso de los días, los sindicalizados se manifestaron fuera del palacio de gobierno de Hidalgo para exigir que se agilizara la búsqueda de los dos con el argumento de que los tenían secuestrados los ejidatarios, en particular Alma Hernández, quienes han desmentido esa versión y aseguran que es una treta para evitar ser sometidos a proceso penal por el homicidio de José Luis Hernández, el cual permanece impune a siete meses del hecho.