Aunque el proceso de militarización de la vida pública de México comenzó hace ya varios años, en el actual sexenio dicha inercia se ha intensificado aún mas y ha quedado marcada en el andamiaje legal del país, de tal suerte que “los gobiernos pasarán, pero la participación de las Fuerzas Armadas en diversas áreas va a permanecer”.

Así lo advirtieron organizaciones civiles y académicas durante un foro virtual organizado hoy por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), las cuales subrayaron que la influencia de los militares ya no sólo ocurre en temas de seguridad pública, sino en temas tan variados como el control de aduanas y la administración de vacunas.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la militarización de México se originó hace varias décadas, pero alertó que “en el presente gobierno vemos una profundización preocupante de esa inercia, porque se presenta con una especial intensidad y tiene una profundidad jurídica muy honda”.

El resultado de ello, dijo el abogado, es que “los gobiernos pasarán, pero el andamiaje legal que profundiza la participación de las Fuerzas Armadas va a permanecer, y esa es la nota más preocupante en el presente”.

De igual manera, alertó que en años recientes ha habido incluso más retrocesos en el control y supervisión del Ejército y la Marina, como lo demuestran casos recientes de atrocidades cometidas por personal castrense, entre ellos los ocurridos en Tamaulipas, Chiapas y Sonora.

“Todo ello da cuenta de que se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos en este gobierno. El Presidente puede dar las órdenes que quiera, pero la inercia institucional de abusos continúa en el presente”, enfatizó Aguirre.

Ante la comisión de abusos militares, apuntó, sigue prevaleciendo en las Fuerzas Armadas un “espíritu de cuerpo” que bloquea cualquier tipo de investigación y reparación integral, y que está presente incluso entre los organismos civiles como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De igual forma, lamentó que se siga reproduciendo el discurso de que los controles internos del gobierno bastan para supervisar a los elementos castrenses, cuando la experiencia demuestra que no es así, y que las reparaciones tengan un enfoque exclusivamente económico, lo cual desincentiva las indagatorias.

Estefanía Vela, directora de la organización feminista Intersecta, coincidió en que la militarización del país lleva décadas ocurriendo, pero en la actual administración “se ha intensificado” mucho más, como lo demuestra la transferencia de una gran cantidad de tareas y responsabilidades al Ejército y la Marina, como el control de puertos, aduanas, construcción de megaproyectos y administración de vacunas anti-Covid.

A ello se suma el aumento constante en el presupuesto de ambas instituciones, las cuales siguen teniendo regímenes especiales de control interno.

La experta hizo notar que el índice de letalidad en los enfrentamientos de militares con civiles es cada vez mayor –lo cual ha afectado de manera especial a las mujeres—y resaltó que los programas de capacitación a personal armado no han modificado en nada el índice de abusos, pues la única forma de cambiar esa inercia sería un cambio de estrategia y la imposición de controles civiles democráticos.

Por su parte, Sam Storr, director del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, recordó que la Guardia Nacional creada en el actual gobierno, aunque formalmente tenga un control civil, en los hechos está formada, entrenada y dirigida por militares.

Lo anterior forma parte de una dinámica en la cual los propios soldados y marinos siguen haciéndose cargo de la seguridad pública en 24 de los 32 estados de la República, o definen el entrenamiento y los modos de operación de las policías supuestamente civiles, mediante esquemas como el de la “policía estatal acreditable”.

Una de las consecuencias de ello, indicó, es que a partir de 2012 se ha registrado un “enorme incremento” de las quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por militares, en el marco de un “modelo fracasado” de seguridad, pues delitos de alto impacto, como los homicidios, han ido al alza desde 2014.

La militarización, recalcó, implica asignarle a las Fuerzas Armadas tareas que no son su especialidad. Lo anterior forma “estructuras paralelas a las civiles, pero más opacas, porque sólo le reportan al Presidente, y que tienen un poder transexenal, más allá de los gobiernos” en turno.