Ciudad de México. En abril de 2020 se aprobó la Ley de Amnistía, y nuevamente “el Estado le está fallando a la sociedad, sobre todo a los miembros de los pueblos indígenas y a personas con discapacidad, porque hasta ahora no ha sido liberada ninguna persona de estos grupos”, señaló Fatima Gamboa, codirectora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.

En conferencia de prensa virtual, añadió que además se les está “imponiendo acreditar con documentos discriminatorios, racistas y discapacitantes” que pueden ser elegibles para analizar sus casos, “lo cual no solos es contrario a sus derechos humanos, sino que también a los criterios de la amnistía”.

Añadió “sabemos que han sido procedentes 38 casos de amnistía y se han declarado improcedentes 169 casos, pero también sabemos por estimaciones que los posibles beneficarios de amnistía pueden ser más de cuatro mil personas, lo cual nos indica que hace falta generar más esfuerzos para que este mecanismo pueda ser una realidad”.

Añadió que la denuncia principal es la actuación que ha tenido la Comisión Amnistía. “Hemos documentado cómo la Comisión de Amnistía, encargada de integrar los expedientes, analizar y resolver está trabajando de manera opaca y arbitraria. No sabemos cuando sesiona, sus sesiones son secretas a ojos de la ciudadanía”.

Además “se guarda sus criterios” de cómo decide los casos procedentes e improcedentes, porque califica la “información como reservada y confidencial”.

Norma Don Juan, de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas coincidió en que “nos preocupa mucho la actuación de la Comisión de Amnistía, ya que la ley de Amnistía no establece la presentación de documentación”. Esa instancia ha puesto “criterios y requisitos que no están haciendo accesible esta ley”.

Víctor Lizama, de Documenta criticó que persista el “enfoque biomédico” para definir si una persona es discapacitada o no. Ese criterio “muchas veces nos hace suponer que la discapacidad se tiene que percibir”.

Remarcó que los “exámenes médicos solo realizados bajo el criterio biomédico no son útiles para advertir las barreras de discapacidad que viven las personas con discapacidad privadas de su libertad.

Según el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria a nivel nacional hay “21 mil 793 personas con discapacidad recluidas, pero se separa a personas con padecimientos mentales o inimputables, que son “cinco mil 22”.

Detallaron que la Ley de Amnistía, surgió como un “acto de justicia y restitución de derechos que pretendía reconocer el impacto de las políticas punitivas del Estado en la vida de personas que, por sus contextos de vulnerabilidad, precarización, histórica exclusión social y otras interseccionalidades -como la discapacidad, la pertenencia a pueblos indígenas o el hecho de ser afrodescendientes-, no tuvieron acceso a la justicia en condiciones de igualdad, e incluso muchas de ellas se encuentran privadas de la libertad”.

Resaltaron que la aprobación de esta ley “prometía ser un parteaguas para el acceso a la justicia de las mujeres afectadas por la llamada guerra contra las drogas y para poblaciones históricamente vulneradas. Sin embargo, a un año de su publicación, esa promesa se ha quedado en el papel, pues su implementación ha sido un proceso intrincado, lento, opaco y discrecional; un proceso en el que la libertad de las personas injustamente en prisión está sujeta a la voluntad de las instituciones en las que la ley puso esta responsabilidad”.