Ciudad de México. A pesar de que ocho de cada 10 mexicanos están afiliados a un esquema de seguridad social, el 40 por ciento de la población acude a servicios privados como manera de remediar las carencias de los servicios públicos. Al final, ambos sistemas requieren renovarse, consideraron especialistas.

Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), consignó que pese a que los servicios públicos cubren a la mayoría de la población, las familias hacen de manera directa 43 por ciento del gasto de salud en el país, por arriba de 26 por ciento que promedian los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El gasto directo de las familias —llamado gasto de bolsillo— es grande porque éstas “tienen probablemente servicio que no es suficiente o tiene la necesidad de comprar medicamentos”, pero va en su mayoría a atención básica e intermedia, pero no a hospitales de alta tecnología y hospitales especializados, abundó Guillermo Torre, rector de Tec Salud.

“Cuando hablamos de atención hospitalaria de tercer nivel, realmente el sector privado está bastante limitado porque hay muy pocos hospitales privados que tengan más de 150 camas; pocos que tengan un interés real de ofrecer calidad y servicio”, dijo durante el panel “Salud incluyente” de la 30 convención de aseguradores de la AMIS.

El senador Américo Villarreal recuperó también datos de la OCDE, los cuales muestran que en conjunto el gasto sanitario en el país ronda 5.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Es de los más bajos de la organización y “desde hace 18 años, tomando como referencia el año 2003, la situación no se ha mejorado”, subrayó.

Incluso el gasto público ha ido a la baja. Tuvo su punto máximo en 2012, cuando alcanzó 2.8 por ciento del PIB y a partir de entonces se ha mantenido alrededor de 2.5 por ciento. Esta limitación financiera ha derivado en la carencia de infraestructura y contratación de personal, agregó.

Sobre este rezago, Torre subrayó que se necesitan borrar las barreras entre los servicios público y privado; y que para ambos apliquen obligaciones de eficiencia y transparencia en orden de mejorar el servicio.

Es decir, que los servicios de salud particulares respalden con estadísticas la calidad en el servicio que ofrecen, dado que “muy pocos hospitales privados pueden tener la capacidad de atención a tercer nivel” y aún así la venden con instalaciones insuficientes.

“No es posible tener hospitales privados en nuestro país que pretendan hacer cirugía cardiovascular compleja, en un hospital de 20 o 30 camas. Eso sucede en nuestro país frecuentemente”, denunció.

Recalcó que por ahora es difícil ofrecer alta calidad y ofrecer un servicio en hospitales que no tienen suficiente volumen para sostenerse. Por ello, el “sistema público necesita cierta renovación, pero también el sector privado”, porque actualmente como existe en México “tampoco tiene mucho futuro”.

En ese sentido, indicó que se pueden trabajar entre aseguradoras y sector privado nuevos modelos de afiliación que sean un poco más económicos para aumentar el volumen de atención.

Por su parte, Villarreal concluyó que se debe “dejar de ver a la salud como una prestación laboral o como una capacidad de financiamiento personal por la oportunidad económica que cada uno tenga y verla como un derecho humano”.