Ciudad de México. México carece de política pública para destinar recursos a la infraestructura educativa infantil a pesar de los resultados sociales y económicos que representa, y se centra en transferencias económicas para traducirlo en ganancias electorales, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Durante un foro virtual Carlos Salazar Lomelin, presidente del organismo cúpula, señaló que las autoridades del país no contemplan la necesidad de invertir en los primeros años de vida de los infantes, lo cual significa que cuenten con las mejores condiciones socioeconómicas como educación y alimentación.
“Vemos que nuestro combate a la pobreza se reduce a las transferencias de recursos, pero no estamos hablando más allá de esta transferencia en una inversión en infraestructura”, dijo.
Comentó que la falta de inversión en la primera infancia en México debe ser vista como una oportunidad para mejorar, por lo que el esfuerzo debe estar integrado por la sociedad, el gobierno, la academia y el sector privado.
Apuntó que lo difícil de implementar políticas públicas para la inversión educativa es que los resultados se ven a través del tiempo, pero las medidas que se implementan para resolver esto se traduce en obtener resultados para las elecciones más cercanas.
“Los gobiernos quieren algo para demostrar algo inmediato, y las inversiones en la primera infancia en general rinden retornos a mediano plazo, pero los verdaderos retornos son a largo plazo”, dijo Norberto Schady, asesor económico principal para el sector social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Subrayó que los gobiernos en general no tienen esa perspectiva de largo plazo y no se invierte para cambiar los procesos de cómo se dan los diferentes servicios a nuestros niños.
“El sector privado tiene funciones críticas para movilizar a la sociedad ya que tiene un gran poder de convocatoria. Es imprescindible el compromiso del sector público, fundaciones, pero también del sector privado”, agregó.
Salazar Lomelín dijo que destinar recursos a la primera infancia se traduce, como lo ha documentado el BID, en una mejoría en el desempeño de los infantes en áreas como matemáticas y lenguaje, menores posibilidades de cometer actos ilícitos, mayor grado de escolarización e incluso hasta en mejores salarios en la vida adulta.
Recordó que en México casi 50 por ciento de la población se encuentra en alguna condición de pobreza, de acuerdo con los indicadores oficiales, pues no se ha podido combatir el problema en la parte del sur del país, donde se encuentran las poblaciones indígenas.
Agregó que cuando los números se traducen a personas reales, “se convierte realmente en una necesidad prioritaria”.
Destacó que la pandemia le puso “más sal a la herida”, pues si habían situaciones de pobreza antes del Covid-19, estas se han acentuado.
Señaló que la iniciativa privada no sólo busca que las acciones sean sólo guarderías o estancias infantiles que las mismas empresas puedan tener para asegurar la educación de los menores de edad, sino de una propuesta que pueda ser construida con la academia para lograr avances como el observado con el sistema pensionario en México.
“No nos quedemos solamente en la sensibilización de los colaboradores, de las guarderías, en las licencias de maternidad y en horarios flexibles que son normalmente los temas que discutimos dentro de las empresas”, dijo.
