Ciudad de México. Desde hace siete años, el gobierno de la Ciudad de México ha omitido resoluciones judiciales que le ordenan pagar a Luis Ángel Ocampo, el pago por los servicios que prestó a la administración pública, incumplimiento que, aseguró ha provocado que perdiera todo su patrimonio.
Propietario de una micro empresa familiar dedicada a la jardinería, en la que laboraban cinco personas, Ocampo vio en 2008 la oportunidad de crecer, cuando el gobierno de la Ciudad de México inicio una campaña para mejorar las áreas verdes de la capital del país.
Con préstamos bancarios y de amigos compró herramientas y vehículos y elevó su plantilla a un centenar de trabajadores. Logró obtener un contrato, bajo el esquema de adjudicación a precio alzado, para la rehabilitación de parques, camellones, jardines y plazuelas en las entonces delegaciones Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztacalco.
Don Luis, de 73 años, entregó los trabajos en tiempo establecido en el contrato, sin que hasta ahora le hayan remunerado por sus servicios, establecidos por poco más de 6 millones de pesos.
Ahogado por las deudas, tuvo que vender herramientas y vehículos para pagarlas, así como a los trabajadores, lo implico el cierre de su empresa Jardinería y Construcciones.
La falta de recursos, le impidió demandar por la vía legal el pago por su trabajo y no fue sino hasta 2014 que Interpuso demandas, amparos, un largo proceso que duro tres años hasta que en junio de 2017 la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia definitiva en la que se ordenó al gobierno capitalino finiquitar el pago por los servicios de la empresa Jardinería y Construcciones.
La autoridad capitalina manifestó su imposibilidad de cumplir con dicha sentencia, por lo que don Luis tuvo que tramitar un amparo que le fue otorgado por la primera sala civil de circuito, por lo que el 21 de diciembre de 2018, ordenó a la jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum Pardo, hacer el pago correspondiente, ahora por mas de 9 millones de pesos, que de nueva cuenta fue omitido.
De nueva cuenta, el afectado acudió al procedimiento legal al promover un incidente de inejecución en el juzgado noveno de distrito en materia civil que el 10 de septiembre del año pasado ordenó nuevamente el pago de los servicios, sin que hasta ahora se hayan finiquitado, lo que pone al gobierno de la ciudad en riesgo de desacato de una orden judicial.
