Tanto las aguerridas protestas como la brutal represión en Colombia tienen profundas raíces históricas. Y el desenlace de la crisis actual tendrá importantes consecuencias geopolíticas para toda la región latinoamericana.
Antes de lanzar su polémica reforma fiscal el pasado 15 de abril, el Presidente Iván Duque primero recibió instrucciones de Washington. El 6 de abril, el Canciller Estadounidense Anthony Blinken conversó personalmente por teléfono con Duque sobre “la alianza multifacética entre Colombia y los Estados Unidos”, “la recuperación económica de la pandemia” y “el compromiso compartido para reestablecer democracia y el estado de derecho en Venezuela” (véase: https://bit.ly/3exonCH). Posteriormente, el 12 de abril, Duque recibió personalmente en la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo, a Juan González, Director Senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos.
Aquella reunión llamó la atención porque normalmente un funcionario de tercero o cuarto nivel como González no es recibido personalmente por el Presidente de la República como si fuera Jefe de Estado. Pero todo parece indicar que González jugará un papel similar durante el gobierno de Joseph Biden que el que jugó Jared Kushner durante la administración de Donald Trump. Como principal asesor y operador político de Biden en América Latina, el poder real de González rebasará por mucho sus responsabilidades oficiales.
Y el hecho de que González sea precisamente originario de Colombia no es ningún accidente o coincidencia. Este país se encuentra en el centro de la estrategia de Biden para reposicionar el poderío de los Estados Unidos en América Latina, su “patio trasero”, para pasar del “America First” de Trump al “America is Back” que ya hemos documentado en estas mismas páginas (véase: https://bit.ly/3xYL1eY). De manera complementaria a las nuevas agresiones hacia Rusia y China, expuestas con gran precisión por William Robinson aquí en La Jornada (véase: https://bit.ly/3xYGnO5), Colombia sería la punta de lanza para la nueva agresividad de Washington en América Latina.
Colombia es uno de los únicos países que se quedó fuera de la “ola rosa” de gobiernos de izquierda que inundó toda la región durante la primera década del siglo XXI. Hasta 2018, Colombia junto con México habían sido las grandes excepciones en la materia. Ahora solamente queda Bogotá cuya “larga noche neoliberal” (Rafael Correa dixit) pareciera no tener fin.
Biden conoce bien a Colombia. Como Senador integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores fue uno de los principales promotores del asesino e intervencionista Plan Colombia aprobado durante la administración de Bill Clinton en 2000 (véase: https://bit.ly/2KMikOE). González es también un convencido aplaudidor del Plan Colombia y aliado de las derechas de Sudamérica (véase: https://bit.ly/2REpZS6). Ha llegado al extremo incluso de justificar públicamente las aventuras de Juan Guaidó en Venezuela (https://bit.ly/2Mg89SO).
No debe ser sorpresa para nadie entonces la indignante tibieza cómplice tanto del Gobierno de los Estados Unidos como de la Organización de los Estados Americanos (OAS) frente a la brutal represión en Colombia que ha dejado más de 32 asesinatos, 15 víctimas de violencia de género, 450 personas heridas, 500 desaparecidos y 1,000 detenciones arbitrarias, de acuerdo con organizaciones civiles locales (véase: https://bit.ly/33v2DkI).
En un pronunciamiento reciente, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, por medio de una vocera de tercer nivel, se limitó a condenar en general “la pérdida de vidas” en las protestas recientes así como condenar en primer lugar el “vandalismo” de los manifestantes (véase: https://bit.ly/3y0ZEyg). Luis Almagro, Secretario General de la OEA y perro guardián de los intereses de Washington, copió exactamente el mismo guión en su declaración correspondiente (véase: https://bit.ly/3uxZX1x).
Salta a la vista el evidente contraste entre estos pronunciamientos tibios y las “enérgicas condenas” emitidas por los mismos actores hace unas semanas en contra del gobierno de Bolivia por la detención de la golpista Jeanine Añez.
La represión en Colombia surge de la ideología racista, reaccionaria y neoliberal del gobierno de Duque. Desde su campaña electoral de 2018 se había pronunciado en contra de los acuerdos de paz de 2016 y a favor de la persecución de los antiguos rebeldes. Y durante los primeros tres años de su mandato el Presidente ha cumplido su palabra al permitir (¿facilitar? ¿ordenar?) el asesinato de cientos de exguerrilleros que ya habían dado el paso de reincorporarse a la vida civil y pacífica.
Pero es un error enfocarnos exclusivamente en los factores locales del conflicto de Colombia. La represión del gobierno de Duque no responde a algún trastorno mental o a un mal cálculo político, sino a las órdenes de Washington. Los muertos de Duque son también los muertos de Biden, de Blinken y de González.
De la misma manera, la digna lucha de los colombianos tampoco es un asunto local sino que constituye la vanguardia de una amplia lucha regional por la soberanía de los pueblos de América Latina frente a los Estados Unidos, por “La segunda emancipación de América Latina” sobre la cual conversamos recientemente en TV UNAM con el gran filósofo e historiador Enrique Dussel (véase: https://bit.ly/3o2EgEh). Enviemos desde todos los rincones de la Patria Grande nuestra solidaridad absoluta con el pueblo de Colombia.
