Ciudad de México. El PRI en la Cámara de Diputados presentó una propuesta para llamar al gobierno de Baja California a evitar que la expropiación del Club Campestre de Tijuana implique la desaparición de más de 500 fuentes de empleo directas y, en cambio, se les garantice certeza jurídica a los trabajadores.

En un punto de acuerdo, que se turnó a comisiones, la diputada Sol Merino (PRI) recordó que el 13 de abril, el gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de utilidad pública para expropiar dicho club.

Dijo que más allá de que la medida ha causado polémica en materia de la protección de la propiedad privada, “no se vigila la afectación a los trabajadores y sus familias que dependen de esa fuente de empleo”.

Refirió que hace cinco días, los trabajadores realizaron una movilización pacífica por las calles de Tijuana para manifestarse en contra de la expropiación y, “sobre todo, al temor que tienen de perder sus empleos”.

El cierre del club implicará el pago de indemnización a sus casi 200 socios, “pero ¿qué está sucediendo con los trabajadores de este lugar? Nadie se preocupa por su futuro y de sus familias. Se oculta un ataque a sus fuentes de empleo, porque la intención del gobierno del estado es convertir los terrenos en un parque, cuando no se atienden los existentes en Tijuana y en el estado”.

Expuso que el gobernador Jaime Bonilla y el secretario del Trabajo en el estado, Sergio Moctezuma Martínez, “brillan por su ausencia en proteger y garantizar los empleos de los trabajadores que laboran en este centro de trabajo. Están más preocupados por su conflicto político y personal”.