Ciudad de México. Organizaciones civiles exigieron a los gobiernos de Michoacán y federal generar las condiciones para que el ayuntamiento de Nahuatzen –regido bajo un órgano de gobierno indígena comunitario— pueda renovar a sus representantes con base en la libre determinación y autonomía, y no por elección de partidos políticos.

Señalaron que en el contexto de elecciones partidistas, candidatos y simpatizantes de diferentes fuerzas políticas e integrantes del ayuntamiento han agredido a habitantes de esa región y a integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuazten (CCIN), establecido como autoridad desde 2015.

Las agresiones son parte de una estrategia que busca legitimar e imponer una lógica electoral y de partidos políticos que ha sido rechazada por la comunidad indígena. “Son un intento por evitar la renovación de mandos bajo su sistema comunitario”, señalaron en un posicionamiento conjunto Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y las redes Solidaria de Derechos Humanos y Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que agrupa a más de 80 agrupaciones del país.

Resaltaron que el proceso de renovación del CCIN está registrado ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y comenzará el próximo 12 de mayo, cuando las asambleas de los cuatro barrios de la comunidad elegirán a cuatro Concejales mayores por cada barrio. La toma de protesta del nuevo Concejo está programada para realizarse el domingo 23 de este mismo mes.

Sin embargo, agregaron las ONG, actualmente en Michoacán también están convocadas elecciones por partidos para el próximo 6 de junio, entre los 112 ayuntamientos que se elegirán en el estado, se encuentra Nahuatzen. Y es precisamente en este contexto es viernes y sábado pasados se dieron las agresiones contra el CCIN y los comuneros.

“De acuerdo con la información que hemos recibido y documentado, el viernes 7 de mayo, alrededor de las 11:30 de la noche un grupo de aproximadamente 30 personas, lideradas por la Guadalupe Irepan Jiménez (actual candidata del PRD), Elizabeth Torres Magaña (candidata de Morens a la presidencia del ayuntamiento) y Antonio Acuchi Rodríguez (candidato del PVEM), cortaron la luz de la Casa Comunal del CCIN e ingresaron por la fuerza, generando grandes destrozos”.

Entre estas acciones, señalaron las organizaciones civiles, se destruyeron tres carros, dos de ellos fueron volcados; se destrozaron cámaras de seguridad; se sustrajo equipo y dinero de la tesorería; se dio el robo de documentación; destrucción de parte del inmueble y de equipo de cómputo; así como quema de mobiliario.

Resaltaron que tanto las alarmas, cámaras de seguridad, como las chapas y puertas son medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a la comunidad en reconocimiento al riesgo que viven por su labor de defensa de sus derechos comunitarios.

“Las personas agresoras estuvieron alrededor de una hora destruyendo las instalaciones de la casa del gobierno Comunitario. Durante todo este tiempo, elementos de la Guardia Nacional se encontraron en la comunidad y no detuvieron la agresión”, apuntaron las ong.

Una nueva agresión se dio el sábado 8 de mayo, alrededor de las diez y media de la mañana, cuando unas 80 personas regresaron a la casa Comunal para agredir a las comuneros que se encontraban evaluando los daños de la víspera y realizando la limpieza de los mismos.

“Entre los agresores se identificaron a personas trabajadoras del Ayuntamiento y simpatizantes de los partidos políticos encabezadas por Antonio Acuchi Rodríguez candidato del PVEM, Mayra Morales Morales del PRD, Abel Diego Juan Herrera del PES, Elizabeth Torres Magaña de Morena, Rubi Flores Vasquez de Movimiento Ciudadano, Andrea Vidales Nuñez de Fuerza México y Jose González Sacarias de Redes Sociales Progresistas”, acusaron.

Durante estas nuevas agresiones, dos habitantes de la comunidad fueron golpeados con piedras, y los perpetradores amenazaron a gritos que las elecciones se realizarán y lanzaron amenazas contra quienes se encontraban dentro de la casa Comunal.

“Especialmente preocupante fueron las amenazas de muerte contra las y los concejales del CCIN. Al medio día se retiraron de la Casa comunal para reagruparse a unas cuadras del inmueble”.

Desde el inicio de las agresiones, el CCIN ha mantenido informado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde se les respondió que se habían girado instrucciones para que la Guardia Nacional se presentara en el lugar, sin que hasta ahora eso haya sucedido a fin de resguardar la integridad de los integrantes del CCIN o los comuneros, advirtieron las organizaciones civiles.

También, desde el momento en que se dieron los hechos medios de comunicación, autoridades locales y cuentas de personas vinculadas al Ayuntamiento y los partidos políticos, han iniciado una campaña en redes sociales criminalizando a las personas comuneras y al CCIN, señalándoles como los principales agresores. “Este acoso en redes es evidencia de la coordinación entre los distintos agresores de la comunidad”.

Ante ello, las ong exigieron la intervención de las autoridades federales y estatales “para detener estas acciones que buscan imponer una lógica electoral a una comunidad que en ejercicio de su derecho a la libre determinación ha optado por usos normativos internos”.

Subrayaron que es obligación de la Fiscalía del Estado de Michoacán atender las denuncias y presentarse al lugar de los hechos para documentar debidamente y acreditar los delitos cometidos en contra del CCIN y las personas de la comunidad.

“Es inaceptable que el Ministerio Público se niegue a tomar las denuncias y realizar la investigación correspondiente. Es importante destacar que por el riesgo que han vivido en defensa de su derecho a la libre determinación y autonomía, todo el Consejo, incluidos lo dos Concejales que se encuentran injustamente presos, son beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Urgieron a las autoridades de ambos niveles de gobierno a garantizar el derecho a la libre determinación, la autonomía durante su proceso interno de elección de autoridades indígenas y la comunidad purépecha de Nahuatzen ante estas agresiones.