Morelia, Mich. Elementos de la policía municipal de Nahuatzen y de la Policía Michoacán, así como empleados y simpatizantes de la alcaldesa perredista, Mayra Lucila Morales, vandalizaron la casa comunal del Concejo Ciudadano Indígena de esta demarcación, como represalia por haber borrado algunas bardas con propaganda partidista.
Integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) manifestó que por asamblea el pueblo de esta cabecera municipal solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) no se instalaran casillas ni se colocara propaganda política, porque al igual que hace tres años no están de acuerdo con el sistema de partidos, porque los órganos electorales de Michoacán impusieron a un alcalde que solo obtuvo el 12 por ciento de la votación, sin contar que en Nahuatzen no se instalaron casillas.
Los comuneros piden que se aplique la ley a quienes causaron destrozos en la casa comunal, que son las oficinas del CSIN, porque a sus compañeros José Luis Jiménez, José Antonio Arriola y Gerardo Talavera, fueron detenidos en noviembre de 2018 por el presunto delito de sabotaje sin haber cometido delito alguno, y continúan presos, por demandar justicia y negarse a que se impusiera un gobierno municipal.
“Es cierto que algunos compañeros borraron algunas bardas con propagan político-electoral, pero a la medianoche la casa comunal fue vandalizada y había policías estatales y municipales y empleados de la alcaldesa, de quien todo mundo sabe fue producto de una imposición, al igual que su antecesor David Otlica, quien fue ultimado meses después de haber sido designado edil de esta comunidad purépecha”, comentó José González comunero de Nahuatzen.
Dijo que quemaron documentos, causaron daños en el inmueble y vehículos. La casa comunal está ubicada en Amado Nervo 234, barrio de Emiliano Zapata. En las paredes fueron pintadas consignas como “sí elecciones” y “no queremos concejos”, de cara al proceso electoral 2021.
El CCIN fue integrado hace poco más de seis años con el fin de acabar con gobiernos municipales que se habían caracterizado por la corrupción. La organización indígena creció, y logró que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) aprobara la entrega de la parte proporcional del presupuesto, lo que solo ocurrió en parte, porque la alcaldesa Mayra Lucila Morales se encargó de no entregarles la parte de los recursos que les correspondían, además desató una persecución y amenazas a los integrantes del concejo.
