Ciudad de México. El objetivo de la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) al futbol mexicano es que exista un mercado donde los trabajadores, en este caso jugadores, tengan libertad para firmar con un club sin restricciones, dijo Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora del organismo.
“Cuando se investiga un mercado laboral, más allá de si es futbol, la autoridad busca que no haya restricciones a la movilidad de los trabajadores es decir, que puedan contratarse libremente o eliminar distorsiones en los mecanismos normales de negociación en el cumplimiento de salario”, apuntó.
“Se busca tener un mercado laboral competitivo, donde no haya restricciones ni para los ofertantes, que son los jugadores, ni los demandantes, en este caso los clubes”, agregó.
Debido a una restricción legal, López Rodríguez no puede revelar nombres de los presuntos responsables, pero indicó que se emplazaron a 18 personas morales y ocho personas físicas. Detalló que se realizaron cinco visitas de verificación, 24 requerimientos de información y 20 comparecencias.
Después de abrir una investigación en 2018, la Cofece anunció el jueves que llamó a los presuntos responsables para comenzar con su defensa. Aunque no lo menciona en el comunicado, las indagaciones serían por el llamado Pacto de caballeros, el cual ha afectado a los futbolistas de la Liga Mx debido a que es un acuerdo entre clubes y directivos para proteger sus intereses económicos por los derechos de formación.
Al concluir las indagaciones de la Autoridad Investigadora, el caso pasa a manos de la Secretaría Técnica, mientras que los presuntos responsables tendrán 45 días para presentar su defensa y después el Pleno de la Comparecencia de la Cofece determinará si hay una violación de la ley. No obstante, el procedimiento del desahogo de pruebas puede ser indefinido.
“Ahora viene el procedimiento con sus plazos específicos, pero sería aventurado decir cuánto va a durar, va a depender de las pruebas que se presenten, no es lo mismo ofrecer como prueba un documento, la comparecencia de un testigo o que venga un perito. Una vez desahogadas las pruebas, los agentes económicos involucrados pueden presentar alegatos”, explicó.
Señaló que si la hipótesis de culpabilidad no es cierta, se cerrará el expediente, pero en caso de comprobarse, puede haber multas para las personas morales de hasta un 10 por ciento de sus ingresos. “Las sanciones serán para quien haya participado de manera directa o por cuenta y orden en realización de las prácticas monopólicas o por haber inducido, propiciado o impulsado estas acciones”.
