Ciudad de México. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), denunció que durante las diligencias a las que el equipo jurídico acude para el seguimiento a casos de feminicidio en Puebla, “se intimidó a la asesoría jurídica del Observatorio con abrirle una carpeta de investigación, lo que evidentemente vulnera los derechos de las familias que se encuentran en búsqueda de justicia, así como la labor de las y los defensores de los derechos humanos”.
Al gobierno de Puebla “hacemos un llamado para que, de ser necesario, recurra al órgano interno de control para sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión vulneran la garantía del ejercicio de los derechos humanos y obstaculizan el acceso a la justicia, violentando el artículo primero Constitucional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Declaración Universal para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, entre otras normativas nacionales e internacionales”.
El Observatorio hizo “responsable a la Fiscalía General del Estado de Puebla, de cualquier incidente de seguridad que ponga en riesgo en su territorio a cualquiera de las y los integrantes del OCNF, así como a cualquiera de las familias que acompañamos”.
La red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados, reprueba la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, la cual -por acción u omisión- obstaculiza la garantía del derecho al acceso a la justicia a familiares de víctimas de feminicidio en la entidad.
“Como OCNF hemos documentado diversas prácticas contra familiares y contra asesores jurídicos del observatorio, lo que además vulnera el derecho a defender los derechos humanos”.
Detalló que “la violencia feminicida en Puebla es de suma preocupación. Al menos en el primer trimestre del 2021, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, ha documentado el asesinato de 29 mujeres, de los cuales sólo 10 casos se investigan como feminicidio. Así mismo, en el mismo periodo se han registrado 762 casos de violencia sexual, que incluyen violación, abuso y acoso, entre otros delitos sexuales”.
Sobre la problemática de la desaparición de personas, de acuerdo a información de la Fiscalía General del estado de Puebla en el año 2020 desaparecieron aproximadamente “758 mujeres, adolescentes y niñas en el estado”.
El OCNF destacó que la ubicación geográfica de Puebla, permite que delitos de género sean cometidos en el estado y que se perpetúen en las entidades aledañas como el estado de Tlaxcala y Ciudad de México.
“Ante la prevaleciente impunidad es necesario que las autoridades estatales y municipales ubiquen a la violencia contra las mujeres como una problemática que requiere atención urgente y permanente”.
Exigió a la Fiscalía del Estado de Puebla que atienda “de manera diligente y prioritaria las carpetas de investigación relacionadas con los delitos de género” y que “investigue incorporando la perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos, a fin de garantizar el acceso a la justicia y de evitar la revictimización de las víctimas, así como de sus familias”.
Así mismo que “garantice la protección y seguridad para el desarrollo de la labor de las y los asesores jurídicos de las familias de víctimas, particularmente de integrantes del OCNF cuyo único fin es acceder a la verdad y la justicia.
En tanto al gobierno de Puebla “hacemos un llamado para que, de ser necesario, recurra al órgano interno de control para sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión vulneran la garantía del ejercicio de los derechos humanos y obstaculizan el acceso a la justicia, violentando el artículo primero Constitucional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Declaración Universal para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, entre otras normativas nacionales e internacionales”.
El Observatorio hizo “responsable a la Fiscalía General del Estado de Puebla, de cualquier incidente de seguridad que ponga en riesgo en su territorio a cualquiera de las y los integrantes del OCNF, así como a cualquiera de las familias que acompañamos”.
También exhortó al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal a que se mantenga atento de la situación que guarden las y los integrantes del OCNF, a fin de que puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
