El acceso a información pública en materia de aborto es un “camino intrincado en el que a menudo el punto de llegada es un panorama de información incompleta, tardía e insuficientemente desagregada”, señala el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su nuevo estudio Aborto Bajo la Lupa.
Indica que aún es mayor la complicación cuando se trata de conocer datos sobre la criminalización de la interrupción del embarazo. Detalla que aunque se ha planteado desde hace años la transparencia, el acceso a la información y los datos abiertos, “en la gestión de la información sobre aborto, las autoridades mexicanas han demostrado una peculiar opacidad”.
Aunque “la falta de transparencia es grave en sí misma”, la carencia de “información íntegra, veraz y accesible en materia tan vital como la salud de las mujeres es sintomática de un Estado que pone en segundo plano la vida y libertad de ellas”.
En el análisis plantea que “ante la escasa información pública disponible con respecto al aborto, lo mismo como servicio de salud que como delito, existe la posibilidad.
de recurrir a las distintas instituciones gubernamentales a través de la herramienta de solicitudes de acceso a la información (SAI).
Detalla que para las últimas tres investigaciones que realizó en esta materia de aborto: Violencia sin Interrupción (2017), La Pieza Faltante Justicia Reproductiva (2018) y Maternidad o Castigo, la Criminalizacion del Aborto en México (2018), “se enviaron mil 795” SAI a sujetos obligados, y de ellas “556 (30.98 por ciento) requieron al menos una segunda solicitud”.
Advierte que la situación se hace más compleja pues “la obtención de datos sobre acceso al aborto como servicio de salud está mediada por la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, donde una variedad de prestadores de servicios de salud (IMSS, ISSSTE, Ssa, entre otros) recopila información en bases de datos distintas, con diferentes niveles de actualización, desagregación y diversos grados de accesibilidad”.
En general una característica compartida entre los portales de datos de todos los prestadores federales de servicios de salud revisados es que “resulta imposible conocer el número de abortos que pudieron haberse practicado bajo alguna causal legal, por ejemplo, en caso de violación sexual o de riesgo a la salud”.
Frente a “la persistente criminalización del aborto en México, resulta esencial recopilar también la información que permita realizar un seguimiento puntual de quiénes han sido denunciadas (investigación), procesadas (juicio) y sentenciadas por éste y otros delitos relacionados, como el homicidio en razón de parentesco o el infanticidio.
