Ciudad de México. El sector privado espera al menos 50 amparos de empresas para evitar la implementación de la reforma de hidrocarburos, señaló la International Chamber of Commerce México (ICC México).
En conferencia virtual, Claus Von Wobeser, presidente del organismo, descartó que por el momento se pueda dar un desabasto de gasolinas como consecuencia de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, la cual entró en vigor el 5 de mayo.
Comentó que por lo menos existen unos 50 recursos jurídicos en contra de la reforma, pero aún se desconoce con exactitud el número de amparos que interpondrán las empresas que participan en el mercado de hidrocarburos.
“En los próximos días van a ser muchos, pero tampoco es que haya miles y miles de empresas en ese sector”, apuntó.
Abundó que en el caso de las controversias que puedan iniciar empresas extranjeras aún hace falta tiempo para que se concreten, pues si los amparos frenan la implementación, ya no será necesario que se interpongan esos recursos.
Von Wobeser comentó que una de las consecuencias de la reforma se reflejará en la inversión en el sector energético, que si bien ha sido baja como lo ha señalado el gobierno mexicano, tampoco ha sido causado por las políticas energéticas de la actual administración.
El dirigente empresarial señaló que el ICC entiende la preocupación del gobierno federal por el contrabando de combustibles y por las alteraciones a los instrumentos de medición de hidrocarburos que han sido prácticas comunes en el país, por lo que apoyan las acciones para detener estas prácticas.
Sin embargo, dijo, todo fortalecimiento del marco legal aplicable debe realizarse en pleno respeto al estado de derecho, lo cual incluye las garantías constitucionales de certidumbre y seguridad jurídica, al principio de progresividad y al principio de no aplicación retroactiva de la ley.
Indicó que al ICC le preocupan las disposiciones que crean incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir.
También las que generan incertidumbre en cuanto a la duración de la suspensión de un permiso o en cuanto a los motivos de dicha suspensión, ya que se incorporan conceptos como “peligro inminente”, “seguridad nacional”, “seguridad energética” y “economía nacional”, los cuales consideró como ambiguas al no estar definidas.
Comentó que también resulta preocupante que, en caso de que la autoridad suspenda los permisos, la operación de la infraestructura quede a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de las empresas estatales, pues las medidas pueden ser condenadas como violatorias de derechos.
“Estas preocupaciones podrían traducirse en desincentivar la participación de nuevos competidores en el mercado de hidrocarburos, reducir la oferta o distorsionar el régimen de permisos”, apuntó.
Reiteró que para el ICC la seguridad jurídica y el estado de derecho son un requisito indispensable para la inversión y el crecimiento de México, por lo que confío en el Poder Judicial haga un análisis que garantice la protección de los derechos de los inversionistas y consumidores.
