Ciudad de México. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga posibles prácticas monopólicas relativas en la generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica y productos asociados.
En un comunicado informó que también indaga en servicios y actividades relacionadas con este mercado en territorio nacional.
Cabe destacar que desde 2014 el marco constitucional, derivado de la reforma energética, permite la participación de empresas públicas y privadas en la generación y suministro (comercialización) de electricidad.
Las prácticas monopólicas relativas son actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan uno o varios agentes económicos con poder sustancial y que tienen, o pueden tener, el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros participantes del mercado, impedir sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.
Ejemplos de estas prácticas son las compras o ventas atadas, exclusividades, la discriminación de precios o de trato, la elevación de los costos a otros agentes económicos y la negativa de trato, entre otras.
La Cofece aclaró que este es un procedimiento independiente y distinto a la controversia constitucional que presentó contra el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, misma que se centra en cómo las modificaciones legales planteadas en el decreto podrían resultar contrarias a la Constitución.
La presente investigación, detalló, se centrará en determinar si las acciones de algún o algunos agentes económicos con poder sustancial en el mercado investigado violaron la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
“Esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la ley, ni el o los sujetos, quien(es), de ser el caso, sería(n) considerado(s) como probable(s) responsable(s)”, apuntó.
El plazo para esta indagatoria es hasta de 120 días hábiles, contados a partir del 26 de marzo de 2021, fecha en que dio inicio la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.
